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Thread: ¿Como comienza Argentina un nuevo periodo populista?

  1. #1

    Default ¿Como comienza Argentina un nuevo periodo populista?

    Comienza un nuevo periodo populista en Argentina.

    El país que produjo a un asesino criminal como el Che Guevara, seguirá en camino a su descenso a ser cada vez más "Latinoamericano", cada vez más metido en su identidad "Hispano-Latina".... , cada vez un país más irrelevante en el concierto mundial.

    ¿Tu que opinas? ¿Cómo correrá esta nueva aventura Argentina?

    Ya ni pregunto si nos puede afectar a los Mexicanos... porque ya es irrelevante.

    https://www.youtube.com/watch?v=Mnl3EnU5df4

    (Edición de firma).

  2. #2

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  6. #6

    Default

    Por lo que se desprende de los videos, la Kirchner le urgía que ganara su partido para que poder escapar de la acción de la justicia... pero Argentina es un país completamente quebrado, y estos populistas no son la gente más adecuada para reflotarlo.

    La predicción, es que haya muy graves problemas económicos y sociales en el corto plazo, y una gran represión de la población argentina de parte de los peronistas.

    Por otro lado, a pesar de que eso no le gusta a la mayoría de la gente de este foro (La Trinchera), los argentinos opinan que Bolsonaro va muy bien... y por supuesto, por sí solo Brasil es más de la mitad de todo Sudamérica.
    (Edición de firma).

  7. #7

  8. #8

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    La provincia de Buenos Aires, al borde del “default”

    El gobernador kirchnerista Axel Kicillof anuncia que no puede pagar un vencimiento de deuda de 275 millones de dólares


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    La provincia de Buenos Aires, donde vive una tercera parte de la población argentina, está al borde del "default". El gobernador kirchnerista Axel Kicillof anunció que no podría pagar un vencimiento de deuda de 275 millones de dólares previsto para el 26 de enero, y emplazó a los acreedores a aceptar un aplazamiento hasta mayo. La noticia complica la renegociación de la deuda por parte del Gobierno de Argentina, que esta semana tiene previsto iniciar contactos con el Fondo Monetario Internacional.

    Durante los últimos días, el gobernador Kicillof solicitó auxilio al Gobierno nacional. Tanto el presidente, Alberto Fernández, como el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, dijeron el fin de semana que no acudirían al rescate de la mayor provincia argentina, con 15 millones de habitantes y cuya economía representa casi el 70% del PIB. Eso hizo que los bonos argentinos en dólares cayeran el lunes hasta un 10% (luego se recuperaron parcialmente) y que el peso de cambio oficial se devaluara hasta un 1%. Por primera vez en semanas y pese a los estrictos controles cambiarios, el Banco Central tuvo que vender dólares, 60 millones, para estabilizar el peso.

    El anuncio de Kicillof se efectuó mediante un anuncio remitido el lunes por la noche a la prensa diaria y publicado el martes por la mañana. "El 14 de enero la provincia de Buenos Aires anunció que solicitará el consentimiento de sus tenedores de sus Bonos 10,875% con vencimiento en 2021 para aprobar ciertas enmiendas a sus términos y condiciones", decía el anuncio, en el que se convocaba a los acreedores a dos bufetes de abogados, uno en Nueva York y otro en Buenos Aires, para iniciar negociaciones.

    El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo López, advirtió en un comunicado posterior de que una negativa de los tenedores de deuda sería perjudicial para ellos: "La propuesta de la Provincia se formula bajo el entendimiento de que el rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general, que con este paso pueden evitarse".

    El bono cuyo vencimiento no puede afrontar Kicillof fue emitido el 26 de enero de 2011 por el entonces gobernador peronista Daniel Scioli, luego candidato presidencial (Mauricio Macri le derrotó en 2015) y recientemente nombrado embajador en Brasil. La entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, negó financiación a Scioli y le instó a buscar crédito en el exterior. Scioli logró captar deuda por un total de 750 millones con un bono sometido a las estrictas leyes estadounidenses y con un elevado interés, del 10,8% anual.

    El primer vencimiento del bono, de 250 millones de dólares, fue abonado por la antecesora de Kicillof, la macrista María Eugenia Vidal, en enero de 2019. Para ello tuvo que emitir nueva deuda. Ahora, con los mercados exteriores cerrados (Argentina lleva meses aplazando pagos y tratando de evitar el "default" con el FMI y los acreedores privados) y sin dinero en caja, Kicillof no puede pagar el segundo vencimiento, que con intereses asciende a 275 millones. El tercer plazo vencerá, si no se pactan nuevos términos, en enero de 2021.

    Al margen del bono emitido en 2011, la provincia de Buenos Aires tiene otros vencimientos en el presente mes de enero. Entre los días 19 y 26 debería abonar un total de 571 millones de dólares.

    Tanto el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) como su esposa y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, fueron muy restrictivos con la financiación de las provincias. Eso les permitía disciplinar a los gobernadores, siempre necesitados de ayuda del Gobierno central. Mauricio Macri fue más generoso, pero no recibió a cambio grandes demostraciones de lealtad. El actual presidente, el peronista Alberto Fernández, parece haber vuelto a la vieja estrategia de los Kirchner, amparado en la crítica situación de las cuentas públicas.

    A lo largo de la semana pasada, varios gobernadores desfilaron por la Casa Rosada para pedir dinero y encontraron una misma respuesta: "No podemos auxiliar a todas las provincias, ese auxilio simplemente no está previsto en las cuentas del Estado nacional", dijo el presidente el domingo, en una entrevista televisada. "Todo es deuda heredada", añadió, "habrá que ver cómo resolvemos el problema".

    Esta semana se encuentra en Washington el argentino Sergio Chodos, director del Cono Sur ante el FMI, para entrevistarse con la directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva y presentarle formalmente las propuestas de Alberto Fernández para renegociar la deuda. Se trata de un acto protocolario, porque el Fondo ha sido informado casi diariamente por las autoridades económicas de Buenos Aires. Argentina adeuda al FMI unos 47.000 millones de dólares (la parte desembolsada del préstamo concedido en 2018 a Mauricio Macri) y tiene una deuda pública cercana al 98% del PIB, el 75% de la cual está nominada en dólares.

    www.elpais.es
    (Edición de firma).

  9. #9

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    Argentina, volver a empezar

    El mayor logro del nuevo programa económico es enviar a los acreedores el mensaje de que el país quiere pagar su deuda. Si se logra una menor monetización del déficit, quizás sea posible estabilizar la economía


    El presidente argentino Alberto Fernández abrió su discurso de toma de posesión con una mención a Raúl Alfonsín en la que reconocía que con él se había iniciado la reconstrucción de la institucionalidad del país. Lo que en muchos países sería mera cortesía política, en la Argentina moderna era la primera vez que ocurría. No es poca cosa. Como tampoco lo es que un presidente se comprometa a garantizar la convivencia de todos los argentinos por encima de ideologías y disensos. No ha sido esta la historia del país. Alfonsín no acabó su mandato, y tampoco lo hizo Fernando de la Rúa. De los 35 presidentes constitucionales que el país ha tenido desde 1854 —los golpes militares designaron otros 13 presidentes— solo 17, contando ya a Macri, pudieron acabarlo. Reconocer que para salir del aturdimiento el país necesita más democracia y mejores instituciones es un fenomenal avance.

    Recuperar la confianza y la convivencia no va a ser una tarea fácil. Cuando el Gobierno se siente con los acreedores para reprogramar el vencimiento de sus 100.000 millones de deuda privada estará iniciando su séptima renegociación de deuda externa desde 1900. Cuando hable con el FMI para ajustar el mayor préstamo que la institución jamás haya concedido, 57.000 millones de dólares estadounidenses, estará retocando su vigésimo primer programa de estabilización desde 1958. Desde la creación, en 1935, el Banco Central de la Argentina ha tenido 63 presidentes, pero solo el primero cumplió la totalidad de su mandato. Desde la independencia, el país ha tenido cinco monedas distintas y en las redenominaciones se ha dejado 13 ceros de poder de compra, lo que explica por qué los argentinos evitan ahorrar en su moneda nacional y viven pendientes del dólar.

    El coste social y económico de esta turbulenta historia ha sido dramático. La Argentina que a principios del siglo XX tenía una renta per cápita equivalente al 70% de la disfrutada por los países desarrollados, hoy apenas llega al 35%. El país que probó que también en la periferia era posible una sociedad de clases medias hoy exhibe una tasa de pobreza que hace que 15 millones de argentinos sufran “inseguridad” alimentaria. El país de Sarmiento y de la educación pública gratuita se sitúa en las pruebas de PISA de 2018 por debajo del promedio de la región.

    Para buena parte del mundo, Argentina es un país que, dotado de abundantes recursos humanos y naturales, lleva varias décadas fracasando y buscando culpables. Explicar por qué ha sido la profesión de muchos. Unos ponen el énfasis en la mala suerte, en el neoliberalismo o en el peronismo. Otros, en las malas políticas: en el intento de industrializar el país cerrándolo al exterior, pese a su moderado mercado interno, su bajo ahorro y su escasa tecnología; otros, en el abuso de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias; aun otros en un intervencionismo arbitrario que lleva a la ineficiencia, el clientelismo y la corrupción.

    Lo que revelan esas explicaciones es que Argentina no se ha dotado de las instituciones necesarias para gestionar de forma creíble y sostenible las expectativas de su sociedad y de su Estado. Su incapacidad para contener la desmesura ha generado dramáticas crisis que han consolidado la amargura del fracaso y erosionado la convivencia.

    Todas las crisis argentinas tienen su origen en los tiempos de bonanza. En episodios de mejora de la relación real de intercambio —como en 2003-2015, cuando el gasto público pasó del 23% al 43% del PIB— o, como recientemente, en la aparición de condiciones extraordinariamente favorables de acceso a los mercados internacionales de capitales que sobreendeudan la economía. Todas son crisis de economía política: los números acaban por no dar porque las políticas nunca tuvieron los consensos necesarios para ser creíbles a medio plazo. A veces por ser demasiado laxas. En otras ocasiones, como fue el caso de la convertibilidad, por ser excesivamente rígidas.

    Ahora, de nuevo toca enfrentar una difícil situación. En 2019 la economía cayó más de un 3%; la inflación se situó en torno al 50%; el desempleo, por encima del 10%, y, pese a los esfuerzos de ajuste de los últimos años, se sigue registrando un déficit publico primario y un nivel de deuda publica bruta superior al 80% del PIB. Ante este escenario, anunciar que la prioridad es la recuperación de la sostenibilidad financiera parece un prerrequisito del crecimiento.

    La forma de intentarlo ha sido la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, una combinación de poderes de emergencia y de severas medidas económicas: un contundente paquete tributario con incrementos de las retenciones a la exportación, los impuestos sobre el patrimonio y la compra de dólares, y la congelación temporal de pensiones y tarifas públicas, junto al reforzamiento de los programas sociales, el restablecimiento del control de cambios y de medidas comerciales heterodoxas.

    Las primeras estimaciones apuntan a que su impacto agregado se podría situar entre el 2% y el 3% del PIB, lo que acercaría el logro del superávit fiscal primario. Las medidas no son distributivamente neutras. Los impuestos —sobre la renta y el patrimonio, pero también sobre el ahorro en dólares— recaen sobre la parte alta de la pirámide de ingresos, mientras que los más vulnerables tienen acceso a programas sociales compensatorios. Si realmente se cumple la promesa de una menor monetización del déficit público, quizás, efectivamente, fuese posible estabilizar la economía y moderar la inflación. Y a partir de ese momento, poder pensar en cómo crecer y mejorar tanto la equidad como la asignación de recursos.

    El mayor logro del programa es haber mandado a los acreedores el mensaje de que, esta vez, Argentina no quiere dejar de pagar su deuda. La mejora del espacio fiscal y de la posición externa se esgrime como prueba de que, a cambio de tiempo y condiciones razonables, el país está dispuesto a hacer lo necesario para, sosteniblemente, cumplir sus compromisos. No solo es una cuestión de reputación, sino de visión a medio plazo. Con una tasa de ahorro del 18% del PIB, no es verosímil que Argentina pueda crecer sin contar con la inversión y el ahorro externos, algo que exige estar integrado en el mundo.

    Los tempos son muy estrechos y, puesto que nada todavía está hecho, casi todo es posible. Incluidos los errores y las utopías. La gran ventaja que tienen los países que cuentan con buenas instituciones es que estas reducen la incertidumbre y, con suerte, los riesgos. Argentina no tiene esa red de seguridad, pero puede aprovechar esta crisis para comenzar a crear ese entramado democrático y reputacional. Probablemente, que el nuevo ciclo político no acabe en otro monumental desencanto depende, precisamente, de que lo consiga.

    www.elpais.es
    (Edición de firma).

  10. #10

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    ¿Otra vez default? Argentina deberá devolver US$45 mil millones en 2022 y 2023

    Así está previsto en el acuerdo stand-by firmado con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual no habrá grandes obligaciones con ese organismo durante 2020 y 2021. Sí con otros acreedores. El próximo gobierno deberá tener una gran muñeca para renegociar una deuda que asoma impagable.

    https://www.conclusion.com.ar/politi...-2023/01/2019/
    (Edición de firma).

  11. #11

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    (Sigue el da y toma de un país que produce comunistoides de mierda a carretadas, y sueños resentidos en forma industrial... , y que quiere vivir de prestado.... )

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    El FMI advierte a Argentina de que no puede otorgarle una quita de capital

    El portavoz del organismo recuerda que los estatutos ponen límites a las negociaciones de deuda con los socios

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto un límite preciso a las ambiciones negociadoras de Argentina. “La capacidad del FMI para reestructurar su deuda, para posponer reembolsos o recompras está limitada por nuestros marcos de políticas. No se trata solo de Argentina”, ha advertido este jueves el portavoz del organismo, Gerry Rice, durante una rueda de prensa en Washington. A principios de esta semana, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, había pedido una reducción de capital por considerar que el rescate financiero por 57.000 millones de dólares que el Fondo otorgó a Mauricio Macri en 2018 “violó los estatutos del organismo”. “Puedo asegurar a todos que no hubo violación de las reglas del FMI”, le ha respondido Rice.

    La ida y vuelta entre Cristina Kirchner y Rice marcaron el pulso del inicio formal de las negociaciones por el futuro de la deuda externa que argentina considera impagable. En discusión está la devolución de los 44.000 millones que el FMI llegó a entregar a Macri del acuerdo y otros 64.000 millones en manos de bonistas privados. La expresidenta lanzó desde La Habana, donde el fin de semana presentó su libro Sinceramente, que el FMI era parte responsable de ese endeudamiento desmedido. Dijo además que el dinero entregado a Macri “financió la fuga de capitales”, algo que está prohibido por los estatutos del Fondo.

    “Yo me pregunto, cuando dicen ‘no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas’. ¿Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?”, dijo Kirchner el fin de semana. Rice ha recogido el guante este jueves. Ha dicho que “no es noticia” que el FMI no puede hacer quitas de capital a sus deudores y rechazó cualquier violación de las normas de la casa en el rescate financiero otorgado a Macri, el mayor de la historia del organismo. Fin del asunto para Rice, que enseguida intentó diferenciar las declaraciones de Kirchner con la salud de las negociaciones que lleva adelante con el Gobierno de Alberto Fernández.
    “Tenemos un diálogo muy activo entre el staff técnico y el Gobierno [argentino]. Caracterizamos en el pasado este diálogo como constructivo y sigo pensándolo así: compartimos los objetivos del Gobierno para estabilizar la economía y proteger a los más débiles con un crecimiento inclusivo”, ha dicho el portavoz. Desde el lado argentino, hubo palabras duras. Durante una presentación en el Congreso el miércoles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, achacó la responsabilidad de la crisis de deuda al Fondo, por exigir una política de ajuste fiscal que terminó en recesión, y a “los bonistas, que decidieron apostar a una tasa alta y a un modelo que fracasó”. Guzmán advirtió también que los mercados no deben esperar una política de ajuste fiscal al menos hasta 2023, porque un calendario diferente implicaría más recesión y menos recursos para estabilizar la economía y, finalmente, pagar las deudas mediante un plan “sustentable”.

    Los mercados tomaron nota de las declaraciones de Guzmán, convencidos de que 2023 será la fecha de partida para posponer los pagos. La respuesta fue una subida del riesgo país argentino del 7%, hasta los 2087 puntos. El índice, elaborado por JP Morgan, marca el diferencial de tasa que los emergentes deben pagar por sus bonos frente a otro similar del Tesoro de Estados Unidos. Si hoy Argentina saliese al mercado en dólares pagaría por su deuda más de 20% anual. La Bolsa de Buenos Aires, en tanto, caía más de 4% al cierre de la rueda y las acciones de los bancos argentinos se hundían 7% en Wall Street.

    Tregua inflacionaria

    La oficina nacional de estadísticas (Indec), recibió a la misión del FMI con los datos de inflación de enero. Los precios subieron el mes pasado un 2,3% (52,9% en el cálculo interanual), contra el 3,7% registrado en diciembre. Ha sido el dato más bajo desde julio de 2019 y la primera desaceleración inflacionaria en seis meses, resultado del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y combustibles decretada por Fernández y la tranquilidad cambiaria que siguió al control estatal sobre la compra y venta de divisas. Con todo, el promedio mensual oculta que los alimentos subieron 4,7% en el desagregado por rubros, en parte por el fin de la política de reducción del IVA a productos de la canasta básica.

    La batalla contra la inflación seguirá al frente de las prioridades del equipo económico argentino. Ni la recesión (el PIB lleva dos años consecutivos cayendo por encima del 2,5% y se espera algo similar para 2020), ni el torniquete en la emisión de pesos ha logrado detenerla a niveles sustentables. El año 2019 cerró con una subida de los precios del 53,8% y las previsiones privadas para este año, recogidas por el Banco Central, superan el 40%.
    (Edición de firma).

  12. #12

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    La deuda millonaria que quita el sueño a Buenos Aires

    El gobernador Kicillof evita el default sobre la hora, pero la cuestión de fondo supone una carga pesada para la mayor provincia argentina


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    La provincia de Buenos Aires es un país dentro otro país. Uno rico dentro de otro que, sin ella, sería mucho más pobre. Su peso en la economía de Argentina es enorme: de sus campos e industrias depende el 32% del PIB nacional, frente al 19% de la ciudad de Buenos Aires o el 8% de Santa Fe, sus dos competidoras lejanas. Cuatro de cada 10 argentinos viven en la gran provincia del país sudamericano, con una superficie tan grande como Italia. Su influencia política está en línea con el tamaño relativo de su economía: no hay gobierno nacional que sobreviva si no controla Buenos Aires. Y si allí hay problemas, la Casa Rosada tiembla. El martes 4 de febrero, sobre el mediodía, se registró un auténtico terremoto político. La provincia estuvo cerca de declarar el default de su deuda en dólares. Lo evitó en el último minuto: el gobernador peronista, Axel Kicillof, pagó 250 millones de dólares (230 millones de euros), pero advirtió enseguida que no tendrá dinero para cancelar los 3.300 millones que vencen en los próximos cuatro años.

    La deuda de Buenos Aires es el reflejo de otra mayor: la nacional. Sin un mercado de capitales en pesos, Argentina se abrazó a los dólares que llovieron desde diciembre de 2015; no como inversiones, sino como préstamos en divisa a tasas que rondaron el 8%. Mauricio Macri elevó la deuda externa del país —la tercera mayor economía de América Latina— hasta los 276.686 millones de dólares, según los cálculos de la oficina estadística nacional (el Indec) a cierre del año pasado. Y, lo que es más importante, el 92% de esa deuda está denominada en moneda extranjera. En su mandato, la exgobernadora María Eugenia Vidal fue más cauta que su jefe político y los pasivos provinciales solo pasaron entre 2016 y 2019 de los 9.000 a los 12.000 millones de dólares. Pero en ese tiempo el dólar oficial pasó de valer algo más de 20 pesos a valer más de 60 (80 en el mercado negro o paralelo, en la jerga local), triplicando la carga total de la deuda exterior.

    Todos los mercados miran a Argentina y, muy especialmente, a Buenos Aires. La posibilidad de un default por 250 millones de dólares la semana pasada era poco probable, pero la estrategia de presión al límite utilizada por Kicillof mereció toda la atención. El problema del gobernador fue que el vencimiento del bono cayó en el arranque de su gestión y en medio de la negociación mayor, la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores privados de la nación. El Gobierno de Alberto Fernández apoyó la decisión de Kicillof de pedir una prórroga de pago hasta mayo, cuando ya debería estar resuelto el tema de la deuda nacional, pero advirtió que no habría rescate desde la Casa Rosada a su hombre en Buenos Aires.
    Servicios públicos en apuros

    La situación de agobio financiero de Buenos Aires complica el día a día de las finanzas provinciales. Los servicios públicos, como la sanidad y la educación gratuita aún funcionan, pero habrá problemas en el arranque del año escolar. La inflación crónica de Argentina, que en 2019 rozó el 55%, convierten cada verano en una sucesión de reclamos sindicales, y el de los maestros es el más conflictivo por el peso que esa masa salarial tiene en las arcas del Estado.

    Kicillof ya adelantó a los sindicatos docentes que no podrá asumir el pago de un retroactivo acordado por su predecesora y pidió prudencia en la discusión de los aumentos previstos para marzo. El anuncio del gobernador, basado en la situación financiera en la que se encuentra la provincia, ha tensionado la relación con los gremios, aliados del peronismo. Por ahora no ha llegado la sangre al río, atentos todos a que se deben respeto partidario, pero si la crisis no amaina podrían esperarse tensiones mayores. En el primer encuentro entre el Gobierno provincial y los gremios no se habló siquiera de porcentajes. Kicillof les ha prometido a los maestros que la subida de salarios buscará, al menos, empatar con la inflación. La situación general no ayuda al gobernador: el Presupuesto vigente contempla un gasto de 930.000 millones de pesos (unos 15.000 millones de dólares), y más de 16.000 millones se van solo en los salarios de 280.000 trabajadores de la educación. El impacto para las arcas públicas de cualquier subida es gigante.

    Kicillof, que fue el último ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner —vicepresidenta en el Ejecutivo actual—, pagó finalmente el vencimiento que lo asolaba con fondos propios ante la negativa de los bonistas de posponer la fecha de vencimiento. Fue un punto para los bonistas, que marcaron la cancha también a Alberto Fernández: el mayor acreedor provincial, la gestora de fondos Fidelity, lo es también del Gobierno nacional. El presidente respondió al golpe bonaerense desde Europa, donde se encontraba de gira oficial en busca de apoyos ante el Fondo de los gobiernos de España, Alemania, Francia e Italia: “Comprendo perfectamente bien al gobernador, pero va a ser muy difícil poder seguir su lógica” negociadora. En otras palabras, que los bonistas no deben esperar que la Casa Rosada haga un pago in extremis si finalmente no hay acuerdo.

    El martes pasado hubo una muestra de ellos. El Gobierno nacional postergó de forma unilateral hasta el 30 de septiembre la amortización de 96.000 millones de pesos (1.600 millones de dólares aproximadamente, unos 1.440 millones de euros) de capital del bono AF20, una letra dual emitida en pesos pero atada a la cotización de la divisa en el mercado local. Fue una respuesta de "mano dura" ante el fracaso de un canje propuesto la semana pasada y un intento fallido de obtener dinero fresco con una nueva emisión de bonos que el lunes terminó desierta.

    Kicillof se ha mostrado hasta ahora aún más beligerante que su jefe político. Antes de anunciar que había decidido ceder antes los acreedores para evitar males mayores, acusó al fondo Fidelity de dinamitar las negociaciones y a Vidal, su predecesora macrista, de dejar una deuda “inasumible, impagable, superior al 15%” de los ingresos. La réplica llegó del exministro de Economía de Macri, Hernán Lacunza, que antes había ocupado el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires. “Hoy la provincia no tiene crédito porque la nación no tiene. Ya que su deuda es relativamente baja (9% del PIB) y tiene superávit primario (al menos en el periodo 2017-19). Cuando la nación normalice su situación financiera, automáticamente las provincias también”, dijo Lacunza.

    El exministro no entró en detalles sobre los motivos que llevaron a que el Gobierno nacional no tuviese crédito, producto del cierre de los mercados en 2018, cuando los bonistas percibieron que Macri no podría devolver el dinero que caía a raudales en medio del optimismo por el giro político en Buenos Aires. Macri acudió entonces al rescate del FMI, que finalmente le otorgó una línea de crédito de 57.000 millones de dólares, la mayor de su historia. Los vencimientos a corto plazo volvieron insostenible el acuerdo y, ya antes de entregar el poder, el macrismo debió anunciar una reestructuración que dejó en manos de su sucesor. Buenos Aires, como tantas otras provincias que se endeudaron en dólares, depende ahora de que la Casa Rosada arregle sus propias cuentas con los acreedores. Una tarea que se antoja todo menos sencilla.
    (Edición de firma).

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