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Thread: Dizque la tierrita es como las viejas, "de quien la trabaja"

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    Dizque la tierrita es como las viejas, "de quien la trabaja."

    Campo sin revolución

    Los jornaleros representan el caso más evidente del fracaso de la política agraria ejecutada después de la Revolución


    Por Karla Garduño Morán

    DeFecado DeFectuoso (14 noviembre 2010).- Es el primer viernes de noviembre. En los camposantos de todas las comunidades aledañas a Tlapa las flores de cempasúchil todavía no se secan, pero el tema ya no son los muertos, sino la supervivencia.

    Apenas pasan las fiestas, en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la cabecera municipal comienza el trabajo intenso que implica organizar la entrega de apoyos económicos y en especie, otorgar algunos servicios y registrar la salida de entre 500 y mil jornaleros que cada día emprenden su viaje a los campos de Sinaloa, Sonora, Baja California y otros estados de la República que, a diferencia de Guerrero, sí cuentan con sistemas de irrigación para poder sembrar dos veces al año.

    Cerca de 40 mil jornaleros salen anualmente de Guerrero, de los cuales más de 14 mil pertenecen a la región de la montaña, conformada por 19 municipios nahuas, mixtecos y tlapanecos. Debido a sus altos niveles de marginación, la entidad es una de las que expulsan un mayor número de jornaleros indígenas. Un estudio sobre la geografía de la migración de Lourdes Sánchez Muñohierro –ex coordinadora del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas–, señala que el 49 por ciento de los jornaleros en todo el país proviene de 342 municipios de alta y muy alta marginación de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua y Durango.

    Alrededor de las mesas, donde hacen su registro y reclaman los apoyos solicitados previamente a la Sedesol; en el comedor, donde reciben un plato de comida que Aureliana y Justina –dos jóvenes nahuas– cocinan con los víveres proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; afuera del consultorio que sólo abre en las mañanas por falta de personal médico, o haciendo fila en las regaderas, cientos de indígenas hacen la antesala para un viaje de 40 horas que los llevará al lugar que será su hogar durante seis meses.

    Un gran porcentaje cuenta con alguna porción de tierra comunal que les fue devuelta a sus pueblos tras la lucha revolucionaria. Sin embargo, la tierra no ha sido suficiente y después de casi 100 años las políticas agrarias los han dejado rezagados en comparación con los productores de los estados del norte, donde el campo se ha industrializado, se cuenta con los mayores subsidios y poseen el 66 por ciento de las hectáreas con irrigación del país.

    El registro puntual de los jornaleros parece una tarea imposible. La Sedesol calcula que va de 3 a 3.5 millones, pero otros estudios van más lejos. A partir del tamaño de la unidad de producción y de la cantidad de Población Económicamente Activa rural, la evaluación de la Universidad de Chapingo al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas estima que el número de jornaleros en el país es de 4.7 millones.

    El éxodo se incrementa porque viajan con toda la familia, aunque no todos vayan a trabajar. Además de los trabajadores, mujeres que cargan bebés en su espalda, hombres mayores que buscan la sombra de algún árbol y muchos niños que corren de un lado a otro entre los costales con ropa, cobijas, utensilios y algunos víveres para el camino, aguardan la llegada del camión que la empresa donde trabajarán envía para llevarlos año con año. Jornaleros provenientes de comunidades aledañas sólo hacen escala en Tlapa.

    En medio de la incertidumbre que implica partir a un trabajo sin contrato, la única certeza que tienen los jornaleros es en qué empresa van a trabajar. La gestión se realiza previamente a través de los llamados contratistas, habitantes de las comunidades que tienen el contacto directo con los grandes productores y consiguen para ellos la mano de obra necesaria con sus vecinos o en municipios aledaños. Ellos mismos coordinan la salida de los camiones y negocian las condiciones de trabajo. Algo así como un representante sindical.


    La cosecha insuficiente

    Los campesinos de Guerrero que salen cada año a otros estados no son gente sin tierra. Tras la Revolución y con la Reforma Agraria ordenada en la Constitución de 1917, las comunidades indígenas recuperaron sus tierras. Sin embargo, la propiedad sigue siendo comunal, se reparte cada vez entre más población y no es suficiente para sobrevivir.

    Al menos 2.8 millones de productores agrícolas poseen lo que los especialistas llaman "minifundio"; es decir, un terreno de menos de 5 hectáreas que no es suficiente para cubrir las necesidades de sus dueños. De éstos y según la Encuesta Nacional de Empleo, cerca de 1.7 millones se emplean como jornaleros. El resto consigue otro tipo de empleos ajenos al campo o sobrevive de las remesas de algún pariente en Estados Unidos.

    Los hermanos Agustina y Antonio Trinidad, junto con sus esposos y sus hijos de 18 meses y tres años, respectivamente, pertenecen a ese grupo de campesinos subempleados y este año irán por primera vez a los campos de Sinaloa.

    Las dos jóvenes parejas llegan nerviosas a la USI desde Chiepetepec –comunidad nahua a 20 minutos de Tlapa– cuando el registro casi ha terminado y reina cierta tranquilidad. En cuestión de minutos, su grupo de casi 80 personas vuelve a saturar las mesas de registro y el comedor, donde es preciso preparar dos ollas de huevo con jitomate.

    Desde hace un par de días Agustina y Antonio esperaban a que los camiones estacionados a la entrada de su pueblo finalmente salieran rumbo a Tlapa. Mientras, trabajaban con el resto de su familia (papá, mamá y cinco hermanos) en la cosecha de su propia milpa.

    Dentro del predio comunal a la familia Trinidad le corresponden cuatro hectáreas, pero sólo una de ellas es cultivable y está en un terreno empinado donde la siembra y la cosecha sólo pueden realizarse a pie, es lo que se denomina un tlacolote.

    Mientras corta la mazorca y el poco frijol que se siembra junto a cada planta, el padre de Agustina y Antonio, Samuel Trinidad, explica por qué la cosecha de una hectárea no alcanza para sobrevivir.

    La familia complementa su ingreso en efectivo con los 700 pesos que recibe su esposa como parte del programa Oportunidades. También él es beneficiario de Procampo, que le da mil pesos por hectárea. Sin embargo, sólo por el fertilizante es preciso pagar 200 pesos por bulto y para todo el terreno serían necesarios 15 bultos.

    Apoyos para la desigualdad

    En todos los municipios de la región de la montaña de Guerrero es común que las madres de familia, los niños o los adultos mayores reciban algún apoyo de Oportunidades y en algunas casas un anuncio del programa Piso Firme cuelga como agradecimiento a los cuatro o cinco metros cuadrados de cemento sobre los que posan sus pies descalzos.

    Durante años, la falta de desarrollo productivo en el campo de los estados del sur del país ha sido compensada con subsidios sociales.

    Guerrero ocupa el lugar número 13 de los estados con más superficie sembrada en el país. Representa el 3.89 por ciento de lo sembrado a nivel nacional, pero sólo aporta el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto del sector primario. En cambio, estados como Sonora, cuya superficie sembrada representa el 2.63 a nivel nacional, aporta el 5.52 del PIB del sector primario.

    Por ser el cultivo más resistente y tradicional, el estado se ha concentrado en la siembra del maíz, mientras que en entidades norteñas se desarrolla la siembra de hortalizas y otros productos de exportación.

    Guerrero –y en especial los municipios de la montaña– también es el estado que concentra el mayor número de cultivos de amapola y mariguana, según un análisis realizado por el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Resa, pero la siembra se realiza en pequeños terrenos que tampoco proporcionan un fuerte ingreso al productor, según explica Abel Barrera, director de Tlachinollan.

    Por eso, los apoyos en efectivo que brindan Oportunidades y Procampo significan para muchas de las familias la única opción de acceder a otros alimentos además del maíz o de pagar servicios y educación. Según datos de la Sedesol, durante el segundo bimestre de este año 386 mil 987 familias de Guerrero recibieron diversos apoyos de Oportunidades, por un monto total de 627.8 millones de pesos, equivalentes al 6.8 por ciento del total nacional repartido en marzo y abril del 2010. En el caso de Procampo, para septiembre de este año en la entidad se habían entregado 413 millones 376 mil pesos, distribuidos en 137 mil 246 apoyos, lo que corresponde al 5.2 por ciento del concentrado nacional.

    Tanto Oportunidades como Procampo son programas reconocidos por su alcance, pero también son señalados por la desigualdad que generan: entre menos hectáreas tiene un productor se reduce su apoyo agrícola y aumenta el social. Según datos de Jonathan Scott, investigador de El Colegio de México, quien analiza los datos de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares realizada por el programa Oportunidades en 2004, los hogares rurales con menos de 5 hectáreas reciben más pagos de Oportunidades que de Procampo, mientras que los que tienen más de 11 hectáreas presentan un mayor balance entre ambos apoyos.

    Guerrero, un estado con un 43 por ciento de población rural y 17.2 de hablantes de lenguas indígenas, es uno de los mayores beneficiarios de Procampo. Sin embargo, los estados a donde van a trabajar sus jornaleros, donde se ubican empresas prósperas que se dedican a la exportación de vegetales, reciben más dinero per cápita por tener dos ciclos de siembra y una mayor cantidad de hectáreas.

    Sinaloa –el principal destino de los jornaleros de Guerrero–, tiene 32 por ciento de población rural y sólo 1.3 de indígenas, pero entre 1994 y 2009 ha recibido 22 mil 183 millones de pesos en subsidios al campo (10.7 por ciento del total), mientras que Guerrero recibió 5 mil 419 millones, correspondientes al 2.9 por ciento del total, según datos procesados por el Centro de Análisis e Investigación Fundar (subsidiosalcampo.org.mx).

    En un informe sobre la política de desarrollo rural y agropecuario mexicana realizado en 2009 por el Banco Interamericano de Desarrollo (que ha prestado a Procampo más de 500 millones de dólares), se señala que el gasto en agricultura es tan regresivo que anula aproximadamente la mitad del efecto redistributivo del gasto en desarrollo rural. Es decir, mientras que el gasto en desarrollo rural reduce hasta en 14 por ciento el coeficiente de Gini –que mide el grado de desigualdad–, el gasto en agricultura lo aumenta en un 6.7 por ciento.

    El más pobre

    Aunque sólo el 27 por ciento de su población ha terminado la primaria, en Cochoapa el Grande se entiende esa desigualdad. Cada dos meses, 3 mil 946 familias de ese municipio de 15 mil 500 habitantes (según el censo del 2005) reciben en total 4 millones 317 mil 730 pesos. Las mujeres llenan el palacio municipal cuando acuden a cobrar los apoyos y hasta se dan el lujo de comprar una bolsa de mandarinas o plátanos; sin embargo, desde el 2003, cuando el municipio se separó de Metlatónoc, se convirtió en el más marginado del país, según el Coneval.

    En promedio, cada una de las familias beneficiadas del municipio mixteco recibe poco más de mil pesos cada bimestre, un apoyo insuficiente especialmente en un año agrícola como éste, en el que se perdió más de la mitad de las cosechas.

    En pleno día de cobro, el colorido que los huipiles de las mujeres mixtecas imprime al centro de Cochoapa contrasta con las caras largas de sus maridos. Mientras que en otros municipios recogen y guardan su maíz, aquí no hay mucho que hacer; las milpas están casi secas, pero las pocas mazorcas que se dieron no crecieron lo suficiente y todavía no se les puede cortar, así que los hombres bajan a la cabecera municipal a buscar alguna ocupación que les ayude a completar el gasto.

    Por 80 pesos diarios y 12 horas de jornada, Isidro Flores, por ejemplo, se emplea eventualmente en la construcción de la carretera que pasa por las comunidades, y Santiago Jacinto trabaja en el centro como albañil. A pesar de haber perdido la cosecha porque la lluvia dejó de caer a finales de septiembre, ninguno de los dos irá este año a trabajar de jornalero como otros cientos de pobladores que ya comenzaron a salir a Sinaloa.

    Flores prefiere quedarse a cosechar lo poco que pueda rescatar de su milpa porque además allá de todas maneras "casi no hay, no alcanza", dice.

    Jacinto se queda porque sus hijos están estudiando y porque su experiencia como jornalero no ha sido nada buena.

    "Antes yo me iba a Sinaloa con toda mi familia. En 2006 fui a Ciudad Altamirano, Michoacán y se murieron dos de mis hijos, los más grandes, uno casado y otro soltero de 17 y 14 años, en un accidente de camioneta", cuenta Jacinto.

    El dueño del campo les dio 10 mil pesos por cada uno de los hijos y apoyo para trasladar los cuerpos a Guerrero. Eso fue todo. Desde entonces, la familia mejor se queda en el pueblo.

    Otros como Roberto Luis Ortega van porque no tienen otra opción. Con escasas palabras en mixteco, Ortega muestra el desastre de su milpa. El terreno apenas alcanza media hectárea, pero las áreas donde lograron crecer algunas plantas de maíz son escasas. El resto es tierra seca, pasto y flores silvestres que crecieron en lugar del maíz que él sembró.

    Más riesgos que apoyos

    Desde su trinchera, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, busca llamar la atención sobre todos esos riesgos y ofrece apoyo legal y humanitario a quienes dejan la región para internarse en otros estados o en el extranjero.

    Margarita Nemesio es la encargada del área en Tlachinollan y muchos de los jornaleros la tratan ya como a un miembro de su familia, luego de que el centro ha defendido causas como la del niño David Salgado, fallecido en un campo de Sinaloa en diciembre del 2006.

    "Uno de los elementos que agudiza la situación de pobreza de los jornaleros es la falta de atención de las autoridades, de algunas dependencias de gobierno. Aunque hay algunas cosas que han mejorado, sigue habiendo una ausencia de quienes deberían estar vigilando por lo menos en qué condiciones se van de aquí y cómo se desplazan",
    dice Margarita.

    Desde su salida hasta su regreso, los jornaleros carecen de cualquier tipo de protección. Aunque las condiciones de los camiones que los transportan han mejorado, los accidentes viales están a la orden del día.

    De los seis camiones que salen de Ayotzinapa el viernes, rumbo a la agrícola Buen Año en Culiacán, tres de ellos sufren un accidente el sábado en la carretera a Celaya. Esta vez todos viven para contarlo y para el domingo ya están de nuevo en camino, pero unos días antes otro camión de jornaleros sufre una accidente en Baja California en el que mueren 14 personas.

    En el lugar de trabajo tampoco hay garantías. Algunas empresas –especialmente en Sinaloa– brindan un lugar donde vivir, pero éste puede ir desde cuartos para una sola familia con agua corriente hasta enormes galerones sin muebles.

    En otros lugares como el estado de México o Morelos, los campesinos son contratados por día y tienen que rentar un espacio donde vivir.

    Los más vulnerables son los niños. Algunos productores toleran el trabajo infantil y otros no, pero eso no significa que tengan algo que ofrecer a los menores. La instalación de escuelas o guarderías es casi un regalo del productor. En Sinaloa por ejemplo, explica Nemesio, existe un convenio de la Sedesol con los empresarios para que brinden los servicios básicos, pero no se lleva un seguimiento y no todas las empresas cumplen las condiciones.

    En otros estados, en cambio, los niños no tienen ni siquiera un lugar seguro donde quedarse y acuden con sus padres al trabajo, entre los surcos y las máquinas de trabajo.

    Ahí ocurren los peores accidentes: el 8 de octubre, en un campo de jitomate del municipio de Ozumba en el estado de México, Pascual y Soila Toribio perdieron a su hija de cinco meses de nacida bajo las llantas de un tractor recolector.

    Casi un mes después a Pascual todavía se le nubla la mirada sólo de recordarlo. Además del dolor natural por perder a su primer hijo, la pareja aguantó las acusaciones del productor y otros pobladores de Ozumba por llevar a su pequeña a trabajar y, luego de dejar el cuerpo enterrado ahí, volvieron a su casa en Santa María Tonaya, una comunidad tlapaneca donde la familia de Pascual tiene su milpa.

    Ahora están dispuestos a volver a Sinaloa en enero, a buscar trabajo en cualquier campo porque en su comunidad también se perdió la mitad de la cosecha.

    "Salen todos los compañeros, las casas quedan vacías, se quedan sólo las autoridades", cuenta Pascual.

    Pascual y Soila tienen 20 y 19 años respectivamente y no cuentan con su propia parcela, sino que comparten con los padres y hermanos el producto de una cosecha que conforme crece la familia se reparte más.

    Ellos forman parte de los 15 millones de jóvenes que, de acuerdo con datos de investigadores de la Universidad de Chapingo, no tendrán acceso a la tierra.

    La Revolución que reclamaba tierra y libertad cumple 100 años y el número de jornaleros en el país va en constante aumento.


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    ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
    http://www.reforma.com/enfoque/articulo/1167105/
    Fecha de publicación: 11-Nov-2010
    Last edited by Rafael Norma Méndez; 15-11-10 at 04:43 AM.

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