Spiderman
06/04/05, 17:04:48
Cuestiona PGR movilización antidesafuero
Carlos Vega Memije destacó que las autoridades no deben tolerar que la concentración de perredistas en el Zócalo se utilice para violentar la ley
Por Grupo Reforma
Ciudad de México (6 abril 2005).- El subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Carlos Vega Memije, advirtió este miércoles que nadie puede alentar a la sociedad en contra de los actos de autoridad, esto en referencia a la concentración que convocó el Gobierno del Distrito Federal por el proceso de desafuero que se le sigue a Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario de la Procuraduría General de la República también advirtió que en caso de que se genere violencia en esa movilización se buscará a los responsables y esa dependencia no dejará de hacer su trabajo bajo ninguna presión.
Según un comunicado de la PGR, Vega destacó también que las autoridades no pueden tolerar que esa concentración de ciudadanos se utilice para violentar la ley, porque de ninguna manera se puede tener un Estado de Derecho si hay una violación a la legalidad.
Calificó de falso lo que mencionan los abogados del Mandatario capitalino e referencia a que el Ministerio Público pretenda iniciar una averiguación previa en su contra o que sea el titular del Ejecutivo federal quien pretenda hacerlo.
También es falso, añadió, que, por intentar realizar una obra pública para comunicar a un hospital privado, López Obrador acuse de que se le pretenda privar de sus derechos políticos y, que por ir en primer lugar de las encuestas en la carrera presidencial, se intente acabar con sus aspiraciones políticas.
El subprocurador precisó que el argumento del Jefe de Gobierno y sus abogados, no tiene validez, ya que a tres meses de que había asumido el cargo no había encuestas, ni precandidaturas, ni etapa política o preelectoral de cara al 2006.
"Simplemente era la etapa del premuerto, en razón de que el mismo Jefe de Gobierno había declarado que lo dieran por muerto para efectos de participar en la carrera a la Presidencia de la República, estamos hablando de cinco años anteriores, del 2001, cuando fue notificado por un juez federal de que debía suspender las obras en el predio El Encino, para verificar si hubo o no violación", explicó Vega Memije.
Expuso que como no fueron suspendidas las obras y continuaron con el trabajo, los daños al predio en cuestión fueron graves y el fallo resultó a favor del propietario del terreno y con eso, el Gobierno del Distrito Federal perdió el amparo.
Además resaltó que el expediente que presentó la Administración de la Ciudad no reunía los requisitos principales para construir una obra de esa naturaleza y demostrar su utilidad pública real.
Dicho expediente fue entregado el 19 de mayo de 2004 por parte de la PGR a la Cámara de Diputados; con esto la Sección Instructora lo recibe, lo revisa, solicita las pruebas correspondientes y desarrolla el procedimiento para llevar a cabo el dictamen presentado el pasado viernes.
Vega Memije aclaró que atenderán la decisión que adopten los legisladores.
Carlos Vega Memije destacó que las autoridades no deben tolerar que la concentración de perredistas en el Zócalo se utilice para violentar la ley
Por Grupo Reforma
Ciudad de México (6 abril 2005).- El subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Carlos Vega Memije, advirtió este miércoles que nadie puede alentar a la sociedad en contra de los actos de autoridad, esto en referencia a la concentración que convocó el Gobierno del Distrito Federal por el proceso de desafuero que se le sigue a Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario de la Procuraduría General de la República también advirtió que en caso de que se genere violencia en esa movilización se buscará a los responsables y esa dependencia no dejará de hacer su trabajo bajo ninguna presión.
Según un comunicado de la PGR, Vega destacó también que las autoridades no pueden tolerar que esa concentración de ciudadanos se utilice para violentar la ley, porque de ninguna manera se puede tener un Estado de Derecho si hay una violación a la legalidad.
Calificó de falso lo que mencionan los abogados del Mandatario capitalino e referencia a que el Ministerio Público pretenda iniciar una averiguación previa en su contra o que sea el titular del Ejecutivo federal quien pretenda hacerlo.
También es falso, añadió, que, por intentar realizar una obra pública para comunicar a un hospital privado, López Obrador acuse de que se le pretenda privar de sus derechos políticos y, que por ir en primer lugar de las encuestas en la carrera presidencial, se intente acabar con sus aspiraciones políticas.
El subprocurador precisó que el argumento del Jefe de Gobierno y sus abogados, no tiene validez, ya que a tres meses de que había asumido el cargo no había encuestas, ni precandidaturas, ni etapa política o preelectoral de cara al 2006.
"Simplemente era la etapa del premuerto, en razón de que el mismo Jefe de Gobierno había declarado que lo dieran por muerto para efectos de participar en la carrera a la Presidencia de la República, estamos hablando de cinco años anteriores, del 2001, cuando fue notificado por un juez federal de que debía suspender las obras en el predio El Encino, para verificar si hubo o no violación", explicó Vega Memije.
Expuso que como no fueron suspendidas las obras y continuaron con el trabajo, los daños al predio en cuestión fueron graves y el fallo resultó a favor del propietario del terreno y con eso, el Gobierno del Distrito Federal perdió el amparo.
Además resaltó que el expediente que presentó la Administración de la Ciudad no reunía los requisitos principales para construir una obra de esa naturaleza y demostrar su utilidad pública real.
Dicho expediente fue entregado el 19 de mayo de 2004 por parte de la PGR a la Cámara de Diputados; con esto la Sección Instructora lo recibe, lo revisa, solicita las pruebas correspondientes y desarrolla el procedimiento para llevar a cabo el dictamen presentado el pasado viernes.
Vega Memije aclaró que atenderán la decisión que adopten los legisladores.