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mando-apolitico
23-04-05, 10:22 PM
DESAFUERO ¿legalidad o democracia?
Diputado Federal Fernando A. Guzmán Pérez Peláez

Durante meses se ha defendido López Obrador diciendo que se trata de una persecución política en su contra para inhabilitarlo como candidato a la Presidencia de la República, sin embargo, se ha olvidado de que la primera obligación de todo funcionario público al tomar protesta es cumplir y hacer cumplir la Constitución en el ámbito de su responsabilidad.

De acuerdo con nuestra Constitución las autoridades sólo pueden hacer lo que les está expresamente permitido por la Ley y los particulares ciudadanos y habitantes en general, pueden hacer todo aquello que no les esté estrictamente prohibido. Este es el régimen de libertades que la Carta Magna garantiza y protege.

Para evitar que un acto de autoridad que un particular impugne de violatorio de garantías individuales ante un Juez de amparo se consume de forma irremediable, puede solicitar lo que se conoce como la suspensión del acto reclamado, hasta en tanto el Juez resuelva si el mismo es violatorio o no de garantías y, en consecuencia, conceda o no el amparo y protección de la justicia federal.

Por otro lado, la Ley de Amparo establece en su artículo 206 que la autoridad responsable que no obedezca un auto (orden) de suspensión debidamente notificado será sancionada en términos del delito de abuso de autoridad. Ese es precisamente el caso que ha llevado al Jefe de Gobierno del DF al desafuero para enfrentar la acción del Ministerio Público Federal ante un Juez, quien resolverá su culpabilidad o su inocencia.

Los mexicanos vivimos muchos años la contradicción entre la Constitución formal y la Constitución real, entre la letra de la Carta Magna y la realidad nacional que contrastaba con ella, así, aunque en los términos del artículo 40 por voluntad del pueblo somos una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, en la práctica la decisión todo poderosa del Ejecutivo Federal se imponía sin restricción alguna sobre los Estados y sus gobiernos.

Mientras que el artículo 41 establece que el pueblo ejerce su Soberanía por medio de los Poderes de la Unión y el artículo 49 señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no pudiendo reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, en la práctica había una sola voluntad impuesta con todo el peso de la fuerza del Estado sobre los otros Poderes, la del Presidente de la República.

Mientras nuestra Carta Magna establece la Democracia y el derecho a elecciones periódicas con voto libre, universal y secreto para elegir a nuestros representantes en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, durante muchos años el fraude electoral fue administrado y procesado desde las comisiones electorales presididas y controladas precisamente por el Ejecutivo.

Así también, la facultad que otorga la Ley de Amparo al Juez de Distrito para hacer valer sus decisiones en los términos del artículo 206, que puede llevar a la remoción de aquel funcionario que desacate una suspensión, era letra muerta y sólo servía para medio asustar en algunos casos a autoridades menores obstinadas en actuar arbitrariamente.

Estará siempre presente en la memoria del foro mexicano la fecha del 27 de mayo de 1954, cuando el Juez 2º de Distrito en materia administrativa, un joven abogado, Ignacio Burgoa Orihuela, dirigió al Procurador de la República un alegato lamentando haber tenido que llegar a la formulación de su denuncia en contra de los Secretarios de Comunicaciones y Obras Públicas, del Jefe de Departamento de Tránsito Federal y la Policía de Caminos, quienes asumían “la inusitada pretensión de calificar por sí mismos las resoluciones judiciales, para eludir abiertamente su cumplimiento”, por lo que, decía Burgoa: “me impone la penosa obligación que cumplo por medio del presente curso sin otro ánimo que el de realizar un acto extremo en defensa de nuestro Juicio de Amparo… que dejaría de ser el valuarte del régimen de Derecho en que debe transcurrir la vida de México, circunstancia que crearía un ambiente de inseguridad y de zozobra en los gobernados”. El 7 de junio del mismo año, ante la inacción del Procurador, el Juez Burgoa renunció con dignidad a su cargo.

De igual forma se recordará siempre el 7 de abril de 2005 cuando la Cámara de Diputados ha tomado la penosa pero ineludible decisión de desaforar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no para declararlo culpable, sino para que se someta ante la Justicia. Nadie puede estar por encima de la Ley.