Rafael Norma
16-04-05, 02:34 PM
No, no había de otra
Escrito por Jaime Sánchez Susarrey
Al Pirata.
Hasta ahora, el mejor argumento contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador ha sido el siguiente: se le puso en manos de la justicia por un delito menor y como efecto del mismo la ciudad y sus habitantes pierden -consideran los defensores del jefe de Gobierno- un gobernante bueno y eficaz. No hay, subrayan, proporción entre la pena y el delito. Se debería, en consecuencia, haber desechado la solicitud de la PGR para que ésta procediera hasta el momento en que el jefe de Gobierno hubiese concluido su mandato. De ese modo, se habría evitado el daño a los gobernados y a los ciudadanos que votaron por AMLO.
Este argumento, sin embargo, es menos consistente de lo que parece por varias razones fundamentales:
1.- la primera es que pasa por alto un principio esencial: si bien es cierto que hay delitos graves y no graves, la violación de la ley es una y nada más.
Nadie viola la ley a medias como tampoco existen los medios embarazos. La Constitución, por lo demás, no establece ninguna consideración en el sentido de que un juicio de procedencia sólo se deba hacer efectivo si el inculpado en cuestión cometió un delito grave.
2.- La segunda es que el principio del fuero es en sí mismo una aberración jurídica que habría que eliminar de una vez por todas. La aplicación de la ley debe ser universal y no estar sujeta a ninguna otra consideración. Los efectos de la misma sobre el entorno social o político no pueden ser un punto de referencia porque terminaría por no aplicarse en muchos casos. Siempre puede haber una familia que se queda sin un buen padre o una empresa que pierda un ejecutivo eficiente e inteligente. Pero ese no es el asunto a considerar. No lo es en el caso del ciudadano común y no tiene por qué serlo en el caso de los políticos electos por el sufragio de los ciudadanos.
3.- La tercera es que es cierto que la gravedad del delito depende de lo que establece el código penal y nada más. Pero dicho esto hay que formular una serie de consideraciones en el caso de la violación de un amparo por una autoridad. Un particular que resiste o enfrenta una decisión de una autoridad constituida no tiene otro recurso que los tribunales y, en último término, el amparo que le concede un juez federal. En el caso de El Encino las resoluciones fueron varias y el gobierno de la Ciudad de México se desentendió de ellas durante 11 largos meses. Así que lo que está en juego no son sólo los derechos de un particular, sino el principio mismo del juicio de amparo y la posibilidad que tiene o no un ciudadano común de proteger su patrimonio frente a los abusos del poder.
4.- La cuarta es que López Obrador ha violado sistemáticamente la ley. Lo hizo en Tabasco al tomar violentamente los pozos petroleros. Lo repitió en la Ciudad de México al presentarse como candidato a jefe de Gobierno sin cumplir con los requisitos de residencia que marcaba el código electoral (tal como lo denunciaron en su momento Pablo Gómez y Demetrio Sodi). Volvió a las andadas al desafiar abiertamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la indemnización del Paraje San Juan. Y no sólo eso. Con el mayor de los desparpajos hizo público un documento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la investigación de su secretario de Finanzas Gustavo Ponce. Todos esos actos no le merecieron proceso ni pena alguna. Por eso la impunidad se convirtió en arrogancia y él mismo se bautizó como "el Indestructible".
5.- La quinta es que el jefe de Gobierno ha denunciado la existencia de un complot y ha acusado a diestra y siniestra sin mostrar prueba alguna. Los últimos en aparecer en su lista fueron un grupo de grandes empresarios y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela. Pero antes incluyó a la DEA y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. También señaló al gobierno federal como el responsable de la fuga, la desaparición y el eventual asesinato de Gustavo Ponce. Déjese de lado el hecho de que el verdadero responsable de la fuga del ex secretario de Finanzas fue el propio gobierno de la Ciudad de México, para subrayar que todas estas denuncias las hizo impunemente, sin presentar una sola prueba y sin sufrir las consecuencias de un proceso por difamación por cada una de ellas. Porque quien acusa públicamente, desde la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, y no presenta ninguna prueba comete un delito.
6.- La sexta es que las palabras no siempre se las lleva el viento. López habla mucho y escribe poco. Pero de lo mucho que ha hablado hay constancia y sentencias que revelan a un personaje que no tiene el más mínimo respeto por la ley ni por las instituciones. En la entrevista que le concedió a Proceso (2 de noviembre de 2003) con motivo de su negativa a acatar la sentencia del Poder Judicial de la Federación respecto del Paraje San Juan fue contundente:
"La división de poderes tiene que darse, pero la Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo, de las leyes humanas del pueblo. La jurisprudencia tiene que ver, precisamente, con el sentimiento popular. O sea, que si una ley no recoge el sentir de la gente, no puede tener una función eficaz. Yo no hablo de socavar la división de poderes, que es uno de los alcances más importantes de los últimos tiempos. Insisto, la Corte no es una junta de notables ni un poder casi divino. Confío en que los ministros van a encontrar una salida legal."
El Peje, todo, o cuando menos la mitad de él, está contenido en ese párrafo. El desacato, el enfrentamiento de poderes, la política del chantaje (encuentren una salida legal o aténganse a las consecuencias), la confusión (leyes humanas del pueblo) y la prepotencia: el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y sólo él es capaz de definir qué es lo aceptable y lo inaceptable porque, como él mismo resumió en esa entrevista, "hay que cumplir con la ley, pero no hasta la ignominia".
7.- La séptima es que la otra mitad de lo que es y lo que se propone está en sus últimas declaraciones. Hay que purificar la vida pública, dijo en el Zócalo. Urge una reforma legal, repitió en la Cámara de Diputados. La Corte, ahora lo sabemos, no sólo no es una junta de notables que jamás debe estar por encima de la soberanía popular, sino que además se ha convertido en una cueva de conspiradores, toda vez que el presidente de la misma, Mariano Azuela, es cómplice de la conjura de Vicente Fox y Carlos Salinas. No hay, pues, otro camino que enfrentarse a ese mundo de corrupción con la fuerza del pueblo para barrerlo y construir un México nuevo sobre sus cenizas. En suma, de llegar a la Presidencia de la República, el primer objetivo de Andrés Manuel López Obrador será ajustar cuentas con el pasado: perseguir y encarcelar a todos los que conspiraron contra él, reconstituir el Poder Judicial de la Federación y sentar sus reales en el Poder Legislativo.
Este es el personaje que la mayoría de los diputados desaforaron el jueves de la semana pasada. Y la verdad es que no tenían de otra. Porque la cuestión no es si López Obrador pierde o no su derecho a presentarse como candidato a la Presidencia de la República, la cuestión es que el jefe de Gobierno había hecho de la impunidad su bandera y su fortaleza.
Por eso se creía y se sentía indestructible.
Por eso los desacatos y los arrebatos eran el pan de cada día.
Y eso es inadmisible.
Dejarle continuar por ese camino sería tanto como invitarlo a que desde la Presidencia de la República cometa el día de mañana todos los abusos y atropellos que, hay que reconocerlo, ha tenido la franqueza de anunciarnos hoy con toda claridad.
No sólo de palabra, sino también de facto.
López debe entender, de una vez por todas, que violar la ley tiene un costo. [/i]Y que si aspira a gobernarnos debe hacer suyo, de verdad, el juramento que está inscrito en la Constitución: cumplir y hacer cumplir la ley, nada más y nada menos. :D ;) :p
"No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre"
Escrito por Jaime Sánchez Susarrey
Al Pirata.
Hasta ahora, el mejor argumento contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador ha sido el siguiente: se le puso en manos de la justicia por un delito menor y como efecto del mismo la ciudad y sus habitantes pierden -consideran los defensores del jefe de Gobierno- un gobernante bueno y eficaz. No hay, subrayan, proporción entre la pena y el delito. Se debería, en consecuencia, haber desechado la solicitud de la PGR para que ésta procediera hasta el momento en que el jefe de Gobierno hubiese concluido su mandato. De ese modo, se habría evitado el daño a los gobernados y a los ciudadanos que votaron por AMLO.
Este argumento, sin embargo, es menos consistente de lo que parece por varias razones fundamentales:
1.- la primera es que pasa por alto un principio esencial: si bien es cierto que hay delitos graves y no graves, la violación de la ley es una y nada más.
Nadie viola la ley a medias como tampoco existen los medios embarazos. La Constitución, por lo demás, no establece ninguna consideración en el sentido de que un juicio de procedencia sólo se deba hacer efectivo si el inculpado en cuestión cometió un delito grave.
2.- La segunda es que el principio del fuero es en sí mismo una aberración jurídica que habría que eliminar de una vez por todas. La aplicación de la ley debe ser universal y no estar sujeta a ninguna otra consideración. Los efectos de la misma sobre el entorno social o político no pueden ser un punto de referencia porque terminaría por no aplicarse en muchos casos. Siempre puede haber una familia que se queda sin un buen padre o una empresa que pierda un ejecutivo eficiente e inteligente. Pero ese no es el asunto a considerar. No lo es en el caso del ciudadano común y no tiene por qué serlo en el caso de los políticos electos por el sufragio de los ciudadanos.
3.- La tercera es que es cierto que la gravedad del delito depende de lo que establece el código penal y nada más. Pero dicho esto hay que formular una serie de consideraciones en el caso de la violación de un amparo por una autoridad. Un particular que resiste o enfrenta una decisión de una autoridad constituida no tiene otro recurso que los tribunales y, en último término, el amparo que le concede un juez federal. En el caso de El Encino las resoluciones fueron varias y el gobierno de la Ciudad de México se desentendió de ellas durante 11 largos meses. Así que lo que está en juego no son sólo los derechos de un particular, sino el principio mismo del juicio de amparo y la posibilidad que tiene o no un ciudadano común de proteger su patrimonio frente a los abusos del poder.
4.- La cuarta es que López Obrador ha violado sistemáticamente la ley. Lo hizo en Tabasco al tomar violentamente los pozos petroleros. Lo repitió en la Ciudad de México al presentarse como candidato a jefe de Gobierno sin cumplir con los requisitos de residencia que marcaba el código electoral (tal como lo denunciaron en su momento Pablo Gómez y Demetrio Sodi). Volvió a las andadas al desafiar abiertamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la indemnización del Paraje San Juan. Y no sólo eso. Con el mayor de los desparpajos hizo público un documento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la investigación de su secretario de Finanzas Gustavo Ponce. Todos esos actos no le merecieron proceso ni pena alguna. Por eso la impunidad se convirtió en arrogancia y él mismo se bautizó como "el Indestructible".
5.- La quinta es que el jefe de Gobierno ha denunciado la existencia de un complot y ha acusado a diestra y siniestra sin mostrar prueba alguna. Los últimos en aparecer en su lista fueron un grupo de grandes empresarios y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela. Pero antes incluyó a la DEA y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. También señaló al gobierno federal como el responsable de la fuga, la desaparición y el eventual asesinato de Gustavo Ponce. Déjese de lado el hecho de que el verdadero responsable de la fuga del ex secretario de Finanzas fue el propio gobierno de la Ciudad de México, para subrayar que todas estas denuncias las hizo impunemente, sin presentar una sola prueba y sin sufrir las consecuencias de un proceso por difamación por cada una de ellas. Porque quien acusa públicamente, desde la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, y no presenta ninguna prueba comete un delito.
6.- La sexta es que las palabras no siempre se las lleva el viento. López habla mucho y escribe poco. Pero de lo mucho que ha hablado hay constancia y sentencias que revelan a un personaje que no tiene el más mínimo respeto por la ley ni por las instituciones. En la entrevista que le concedió a Proceso (2 de noviembre de 2003) con motivo de su negativa a acatar la sentencia del Poder Judicial de la Federación respecto del Paraje San Juan fue contundente:
"La división de poderes tiene que darse, pero la Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo, de las leyes humanas del pueblo. La jurisprudencia tiene que ver, precisamente, con el sentimiento popular. O sea, que si una ley no recoge el sentir de la gente, no puede tener una función eficaz. Yo no hablo de socavar la división de poderes, que es uno de los alcances más importantes de los últimos tiempos. Insisto, la Corte no es una junta de notables ni un poder casi divino. Confío en que los ministros van a encontrar una salida legal."
El Peje, todo, o cuando menos la mitad de él, está contenido en ese párrafo. El desacato, el enfrentamiento de poderes, la política del chantaje (encuentren una salida legal o aténganse a las consecuencias), la confusión (leyes humanas del pueblo) y la prepotencia: el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y sólo él es capaz de definir qué es lo aceptable y lo inaceptable porque, como él mismo resumió en esa entrevista, "hay que cumplir con la ley, pero no hasta la ignominia".
7.- La séptima es que la otra mitad de lo que es y lo que se propone está en sus últimas declaraciones. Hay que purificar la vida pública, dijo en el Zócalo. Urge una reforma legal, repitió en la Cámara de Diputados. La Corte, ahora lo sabemos, no sólo no es una junta de notables que jamás debe estar por encima de la soberanía popular, sino que además se ha convertido en una cueva de conspiradores, toda vez que el presidente de la misma, Mariano Azuela, es cómplice de la conjura de Vicente Fox y Carlos Salinas. No hay, pues, otro camino que enfrentarse a ese mundo de corrupción con la fuerza del pueblo para barrerlo y construir un México nuevo sobre sus cenizas. En suma, de llegar a la Presidencia de la República, el primer objetivo de Andrés Manuel López Obrador será ajustar cuentas con el pasado: perseguir y encarcelar a todos los que conspiraron contra él, reconstituir el Poder Judicial de la Federación y sentar sus reales en el Poder Legislativo.
Este es el personaje que la mayoría de los diputados desaforaron el jueves de la semana pasada. Y la verdad es que no tenían de otra. Porque la cuestión no es si López Obrador pierde o no su derecho a presentarse como candidato a la Presidencia de la República, la cuestión es que el jefe de Gobierno había hecho de la impunidad su bandera y su fortaleza.
Por eso se creía y se sentía indestructible.
Por eso los desacatos y los arrebatos eran el pan de cada día.
Y eso es inadmisible.
Dejarle continuar por ese camino sería tanto como invitarlo a que desde la Presidencia de la República cometa el día de mañana todos los abusos y atropellos que, hay que reconocerlo, ha tenido la franqueza de anunciarnos hoy con toda claridad.
No sólo de palabra, sino también de facto.
López debe entender, de una vez por todas, que violar la ley tiene un costo. [/i]Y que si aspira a gobernarnos debe hacer suyo, de verdad, el juramento que está inscrito en la Constitución: cumplir y hacer cumplir la ley, nada más y nada menos. :D ;) :p
"No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre"