MWanden
09-09-05, 07:12 AM
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La industria frena un plan de la UE para retener los datos de las telecomunicaciones
Alonso se desmarca de Londres y apuesta por "reforzar" el Convenio de Derechos Humanos
Las quejas de la industria sobre los costes y algunas discrepancias internas frenaron ayer el plan de la UE de retener datos de las telecomunicaciones para conservar posibles pistas contra terroristas y criminales Los Veinticinco apoyan...
Los Veinticinco están de acuerdo en retener datos de las comunicaciones, aunque hay discrepancias sobre cómo hacerlo
FERNANDO GARCÍA - 09/09/2005
Enviado especial NEWCASTLE
Los ministros de Justicia e Interior no consiguieron avanzar ayer en su proyecto de retener durante un tiempo datos básicos de las comunicaciones por teléfono y ordenador que podrían arrojar informaciones esenciales en las investigaciones contra terroristas y otros criminales. El rechazo de la industria del sector por los "excesivos costes" del plan emergió ayer, durante la reunión que los ministros celebraron con esa patronal en Newcastle, como el principal obstáculo a la puesta en marcha de un proyecto también polémico en relación con el derecho a la intimidad.
La presidencia británica de la UE no cuenta ya con sacar adelante el plan en octubre, como pretendía, y sólo espera verlo aprobado en diciembre.
Ninguno de los Veinticinco pone en duda el proyecto, aunque hay discrepancias sobre cómo aplicarlo.
Las estimaciones de los costes que tendrían las instalaciones necesarias para retener datos sobre números, direcciones, comunicantes y duración de los contactos en llamadas, mensajes de móvil, correos electrónicos y algunas visitas en internet variaban ayer enormemente según quién hablara y a qué estuviera refiriéndose exactamente. Así, el ministro del Interior británico, Charles Clarke, citó un presupuesto de una compañía británica por importe de 1,2 millones de euros por guardar un año los datos de las llamadas. En cambio, la titular de Justicia alemana, Brigit Zypries, salió en defensa de la industria y afirmó que el plan costaría unos 100 millones a las empresas del país. Esa misma cantidad es la que los representantes del sector señalaron que costaría establecer el sistema necesario para conservar las llamadas perdidas, que, a diferencia de las otras, ahora no se guardan a efectos de facturación por no generar costes. El ministro de Justicia francés, Pascal Clément, objetó que las llamadas perdidas pueden ser vitales para una investigación, y puso como ejemplo la utilidad que los datos de esas llamadas tuvieron a la hora de localizar a los presuntos autores de la matanza del 11-M en Madrid. Eso mismo había dicho en junio el responsable español de Interior, José Antonio Alonso, quien ayer añadió que "no se puede decir que es muy caro retener algunos datos que pueden ser decisivos para la lucha contra el terrorismo".
El plan sobre las comunicaciones tropieza asimismo con divergencias entre socios sobre el tiempo de retención de los datos - que unos sitúan en un mínimo de un año y otros en medio- y sobre las informaciones y tipos de contacto concretos que deben guardarse. Otro escollo está en el procedimiento legislativo, que la Comisión Europea y la Eurocámara quieren que sea el de la directiva para intervenir en la elaboración del texto. Los estados prefieren la decisión marco, que no requiere consenso con el Parlamento.
Algunos grupos parlamentarios se muestran recelosos ante ciertos apartados del proyecto por cuanto pueden interferir en la intimidad y los derechos individuales. Esta cuestión también se suscitó ayer a raíz de las demandas de Londres de que se revisen el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y su aplicación, para que el artículo que prohíbe expulsar a un ciudadano a un país donde se practica la tortura (el 3) no entorpezca los planes británicos de echar de allí a radicales que incurran en "comportamientos inaceptables". Evitando referirse a la polémica intervención de Charles Clarke en tal sentido, secundada por el ministro de Justicia lord Falconer, Alonso se desmarcó de hecho de dicha demanda al afirmar que el Convenio Europeo "no sólo no hay que rebajarlo sino que debemos mantenerlo y reforzarlo".
El ministrillo Alonso ya se ha declrado en favor de la propuesta de los sionistas británicos...
La industria frena un plan de la UE para retener los datos de las telecomunicaciones
Alonso se desmarca de Londres y apuesta por "reforzar" el Convenio de Derechos Humanos
Las quejas de la industria sobre los costes y algunas discrepancias internas frenaron ayer el plan de la UE de retener datos de las telecomunicaciones para conservar posibles pistas contra terroristas y criminales Los Veinticinco apoyan...
Los Veinticinco están de acuerdo en retener datos de las comunicaciones, aunque hay discrepancias sobre cómo hacerlo
FERNANDO GARCÍA - 09/09/2005
Enviado especial NEWCASTLE
Los ministros de Justicia e Interior no consiguieron avanzar ayer en su proyecto de retener durante un tiempo datos básicos de las comunicaciones por teléfono y ordenador que podrían arrojar informaciones esenciales en las investigaciones contra terroristas y otros criminales. El rechazo de la industria del sector por los "excesivos costes" del plan emergió ayer, durante la reunión que los ministros celebraron con esa patronal en Newcastle, como el principal obstáculo a la puesta en marcha de un proyecto también polémico en relación con el derecho a la intimidad.
La presidencia británica de la UE no cuenta ya con sacar adelante el plan en octubre, como pretendía, y sólo espera verlo aprobado en diciembre.
Ninguno de los Veinticinco pone en duda el proyecto, aunque hay discrepancias sobre cómo aplicarlo.
Las estimaciones de los costes que tendrían las instalaciones necesarias para retener datos sobre números, direcciones, comunicantes y duración de los contactos en llamadas, mensajes de móvil, correos electrónicos y algunas visitas en internet variaban ayer enormemente según quién hablara y a qué estuviera refiriéndose exactamente. Así, el ministro del Interior británico, Charles Clarke, citó un presupuesto de una compañía británica por importe de 1,2 millones de euros por guardar un año los datos de las llamadas. En cambio, la titular de Justicia alemana, Brigit Zypries, salió en defensa de la industria y afirmó que el plan costaría unos 100 millones a las empresas del país. Esa misma cantidad es la que los representantes del sector señalaron que costaría establecer el sistema necesario para conservar las llamadas perdidas, que, a diferencia de las otras, ahora no se guardan a efectos de facturación por no generar costes. El ministro de Justicia francés, Pascal Clément, objetó que las llamadas perdidas pueden ser vitales para una investigación, y puso como ejemplo la utilidad que los datos de esas llamadas tuvieron a la hora de localizar a los presuntos autores de la matanza del 11-M en Madrid. Eso mismo había dicho en junio el responsable español de Interior, José Antonio Alonso, quien ayer añadió que "no se puede decir que es muy caro retener algunos datos que pueden ser decisivos para la lucha contra el terrorismo".
El plan sobre las comunicaciones tropieza asimismo con divergencias entre socios sobre el tiempo de retención de los datos - que unos sitúan en un mínimo de un año y otros en medio- y sobre las informaciones y tipos de contacto concretos que deben guardarse. Otro escollo está en el procedimiento legislativo, que la Comisión Europea y la Eurocámara quieren que sea el de la directiva para intervenir en la elaboración del texto. Los estados prefieren la decisión marco, que no requiere consenso con el Parlamento.
Algunos grupos parlamentarios se muestran recelosos ante ciertos apartados del proyecto por cuanto pueden interferir en la intimidad y los derechos individuales. Esta cuestión también se suscitó ayer a raíz de las demandas de Londres de que se revisen el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y su aplicación, para que el artículo que prohíbe expulsar a un ciudadano a un país donde se practica la tortura (el 3) no entorpezca los planes británicos de echar de allí a radicales que incurran en "comportamientos inaceptables". Evitando referirse a la polémica intervención de Charles Clarke en tal sentido, secundada por el ministro de Justicia lord Falconer, Alonso se desmarcó de hecho de dicha demanda al afirmar que el Convenio Europeo "no sólo no hay que rebajarlo sino que debemos mantenerlo y reforzarlo".
El ministrillo Alonso ya se ha declrado en favor de la propuesta de los sionistas británicos...