Tapirapi ¿0.0?
25-06-05, 04:39 PM
La risa del corrupto
LA Corte falla, el pueblo paga y el corrupto se ríe"; fue el comentario que hizo Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declara que la ASF invadió competencias del Ejecutivo al ordenar a la SHCP no destinar recursos al pago de intereses sobre créditos del Fobaproa detectados como irregulares e ilegales.
Tiene razón el auditor, la resolución de la Corte favorece la impunidad del rescate bancario, cuyo costo fiscal lo estamos pagando los mexicanos.
Con ocho votos a favor y tres en contra, la SCJN se pronunció a favor del Presidente de la República, Vicente Fox, quien, en 2003 presentó la controversia constitucional en contra de la ASF, una vez que en las revisiones de la Cuenta Pública correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002 ésta detectó irregularidades e ilegalidades en créditos absorbidos por el Fobaproa, hoy IPAB, por un monto de 32 mil 38 millones de pesos, cuyo valor actualizado ronda los 130 mil millones de pesos.
La petición de la ASF a la SHCP fue no destinar recursos al pago de intereses por los créditos observados hasta en tanto no se aplicaran las auditorías de ley.
Al conocerse esa recomendación, la reacción inmediata de Vicente Fox fue asumir la defensa de los banqueros.
Hoy la SCJN le da la razón a Vicente Fox. Con este sentido de la justicia, no habrá presupuesto público que alcance para pagar el costo de la socialización de las pérdidas privadas. No olvidemos que el costo fiscal del rescate bancario comprometió recursos equivalentes a la quinta parte del Producto Interno Bruto.
Cuando usted se sorprenda frente al hecho de que México es un país lleno de pobres y también territorio de inmensas fortunas personales, una de las pistas importantes para explicar ese supuesto milagro, es la impunidad reinante a favor del gran negocio en que se convirtió el rescate bancario aprobado por PRI y PAN, en diciembre de 1998.
La resolución de la SCJN alienta más impunidad, que por cierto no es la mejor consejera para los negocios sanos, siempre y cuando el objetivo fuera desarrollar una economía sólida, generadora de empleos, y no la economía parásita que se ha alentado con tantos privilegios al capital bancario y financiero.
La decisión de la Corte es una canonjía más a esos capitales.
Fuentes informadas señalan que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se ocupó personalmente de prevenir a los ministros sobre el supuesto descalabro económico que ocasionaría la aceptación de las recomendaciones de la ASF, fundamentadas en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
Sí, los ocho ministros de la Corte que votaron a favor del Ejecutivo, votaron también en contra de ese artículo quinto; en otras palabras, violaron flagrantemente el estado de derecho a pesar de que su principal responsabilidad es velar por la plena observancia del mismo.
Si fueron perezosos y fundamentaron su voto sólo en lo dicho por Gil Díaz, peor aún.
Habría bastado que leyeran dicho artículo y también el Informe sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) de julio de 1999 del auditor Michael Mackey, contratado por la Cámara de Diputados, para advertir que González Aragón no invadió competencia alguna del Ejecutivo; simplemente pidió el cumplimiento de la ley.
La razón es muy sencilla: el artículo quinto con el que el PAN y el PRI pretendieron lavarse la cara ante la nación por el gran atentado cometido con la aprobación del fraudulento rescate bancario, mandata concluir las auditorías sobre los créditos absorbidos por el IPAB "en un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley", dicho plazo se cumplió el 20 de julio de 1999.
Los banqueros y sus personeros argumentan que la ASF no puede exigir dichas auditorías porque Mackey ya las realizó. Para desmentir tal aseveración, basta recurrir a la página 5 del Informe Mackey, que dice: "Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo "no constituyen una auditoría financiera", sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento expreso. Por lo tanto, "no deberá considerarse una auditoría…" (entrecomillados míos)". ¡Más claro no podía ser! Por algo el documento se titula Informe y no Auditoría .
Cuando se defienden los privilegios financieros se pueden decir barbaridades, de la misma manera que cuando se defienden los intereses de una pandilla en contra de la sociedad. Es evidente entonces que no se ha dado cumplimiento al multicitado artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, y que la petición que hizo la ASF, para que en tanto esas auditorías no se realizaran no se continuase con el pago de intereses sobre los créditos observados, se encuentra apegada a la ley.
El mismo artículo establece: "En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica".
¿En dónde está la invasión de competencias que argumenta el Ejecutivo? ¿En la petición de cumplir con la ley?, ¿en la defensa de los intereses de la sociedad? Así a la serie de malas noticias de la semana, tenemos que agregar esta resolución de la SCJN a favor de la impunidad de los delitos cometidos en el fraudulento y costoso rescate bancario.
Sin duda, constituye un duro golpe en contra de la transparencia con la que tendría que ejercerse la concesión que el Estado otorga a los bancos para realizar un negocio tan delicado como es el manejo de recursos de terceros.
También en contra de la transparencia del uso de los recursos públicos que se están dedicando a pagar intereses sobre deudas contratadas de manera irregular e ilegal. ¿No que la transparencia era el gran aporte del "gobierno del cambio"? La risa de los corruptos indica lo contrario.
:014:
LA Corte falla, el pueblo paga y el corrupto se ríe"; fue el comentario que hizo Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declara que la ASF invadió competencias del Ejecutivo al ordenar a la SHCP no destinar recursos al pago de intereses sobre créditos del Fobaproa detectados como irregulares e ilegales.
Tiene razón el auditor, la resolución de la Corte favorece la impunidad del rescate bancario, cuyo costo fiscal lo estamos pagando los mexicanos.
Con ocho votos a favor y tres en contra, la SCJN se pronunció a favor del Presidente de la República, Vicente Fox, quien, en 2003 presentó la controversia constitucional en contra de la ASF, una vez que en las revisiones de la Cuenta Pública correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002 ésta detectó irregularidades e ilegalidades en créditos absorbidos por el Fobaproa, hoy IPAB, por un monto de 32 mil 38 millones de pesos, cuyo valor actualizado ronda los 130 mil millones de pesos.
La petición de la ASF a la SHCP fue no destinar recursos al pago de intereses por los créditos observados hasta en tanto no se aplicaran las auditorías de ley.
Al conocerse esa recomendación, la reacción inmediata de Vicente Fox fue asumir la defensa de los banqueros.
Hoy la SCJN le da la razón a Vicente Fox. Con este sentido de la justicia, no habrá presupuesto público que alcance para pagar el costo de la socialización de las pérdidas privadas. No olvidemos que el costo fiscal del rescate bancario comprometió recursos equivalentes a la quinta parte del Producto Interno Bruto.
Cuando usted se sorprenda frente al hecho de que México es un país lleno de pobres y también territorio de inmensas fortunas personales, una de las pistas importantes para explicar ese supuesto milagro, es la impunidad reinante a favor del gran negocio en que se convirtió el rescate bancario aprobado por PRI y PAN, en diciembre de 1998.
La resolución de la SCJN alienta más impunidad, que por cierto no es la mejor consejera para los negocios sanos, siempre y cuando el objetivo fuera desarrollar una economía sólida, generadora de empleos, y no la economía parásita que se ha alentado con tantos privilegios al capital bancario y financiero.
La decisión de la Corte es una canonjía más a esos capitales.
Fuentes informadas señalan que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se ocupó personalmente de prevenir a los ministros sobre el supuesto descalabro económico que ocasionaría la aceptación de las recomendaciones de la ASF, fundamentadas en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB.
Sí, los ocho ministros de la Corte que votaron a favor del Ejecutivo, votaron también en contra de ese artículo quinto; en otras palabras, violaron flagrantemente el estado de derecho a pesar de que su principal responsabilidad es velar por la plena observancia del mismo.
Si fueron perezosos y fundamentaron su voto sólo en lo dicho por Gil Díaz, peor aún.
Habría bastado que leyeran dicho artículo y también el Informe sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) de julio de 1999 del auditor Michael Mackey, contratado por la Cámara de Diputados, para advertir que González Aragón no invadió competencia alguna del Ejecutivo; simplemente pidió el cumplimiento de la ley.
La razón es muy sencilla: el artículo quinto con el que el PAN y el PRI pretendieron lavarse la cara ante la nación por el gran atentado cometido con la aprobación del fraudulento rescate bancario, mandata concluir las auditorías sobre los créditos absorbidos por el IPAB "en un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta ley", dicho plazo se cumplió el 20 de julio de 1999.
Los banqueros y sus personeros argumentan que la ASF no puede exigir dichas auditorías porque Mackey ya las realizó. Para desmentir tal aseveración, basta recurrir a la página 5 del Informe Mackey, que dice: "Este informe y las evaluaciones que se han llevado a cabo "no constituyen una auditoría financiera", sino una revisión y análisis basado en preguntas específicas previamente convenidas con el Comité de Contrataciones bajo requerimiento expreso. Por lo tanto, "no deberá considerarse una auditoría…" (entrecomillados míos)". ¡Más claro no podía ser! Por algo el documento se titula Informe y no Auditoría .
Cuando se defienden los privilegios financieros se pueden decir barbaridades, de la misma manera que cuando se defienden los intereses de una pandilla en contra de la sociedad. Es evidente entonces que no se ha dado cumplimiento al multicitado artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, y que la petición que hizo la ASF, para que en tanto esas auditorías no se realizaran no se continuase con el pago de intereses sobre los créditos observados, se encuentra apegada a la ley.
El mismo artículo establece: "En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica".
¿En dónde está la invasión de competencias que argumenta el Ejecutivo? ¿En la petición de cumplir con la ley?, ¿en la defensa de los intereses de la sociedad? Así a la serie de malas noticias de la semana, tenemos que agregar esta resolución de la SCJN a favor de la impunidad de los delitos cometidos en el fraudulento y costoso rescate bancario.
Sin duda, constituye un duro golpe en contra de la transparencia con la que tendría que ejercerse la concesión que el Estado otorga a los bancos para realizar un negocio tan delicado como es el manejo de recursos de terceros.
También en contra de la transparencia del uso de los recursos públicos que se están dedicando a pagar intereses sobre deudas contratadas de manera irregular e ilegal. ¿No que la transparencia era el gran aporte del "gobierno del cambio"? La risa de los corruptos indica lo contrario.
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