Tapirapi ¿0.0?
13-06-05, 02:36 PM
Ley sobre maltrato a mujeres: Un salto atrás
verónica espinosa/ apro
* Feministas y legisladoras de Guanajuato emprenden campaña nacional
Guanajuato, Gto., 13 de junio (apro).- Diputadas perredistas y organizaciones civiles de apoyo a la mujer anunciaron el lanzamiento de una campaña nacional --y ante foros internacionales-- en repudio a una nueva ley de asistencia, prevención y atención de la violencia intrafamiliar, aprobada por el Congreso local y avalada por el gobernador panista Juan Carlos Romero Hicks, misma que consideran un grave retroceso en la materia, y “un afán de imponer la ideología más conservadora de la derecha”.
Además, protestaron porque en el proceso de dictamen de esta ley no se escucharon las voces de los organismos civiles –en materia de derechos humanos y de apoyo a la mujer víctima del maltrato, principalmente--. Así, las diputadas, en voz de la legisladora federal Martha Lucía Micher Camarena, repudiaron la decisión del gobernador de negarse a vetar esta ley, según le fue solicitado en una reunión efectuada la semana pasada.
La nueva ley sobre violencia intrafamiliar fue aprobada por mayoría en la Legislatura local hace un par de semanas, con el voto en contra de la fracción parlamentaria del PRD, partido que ese mismo día entregó su propia iniciativa, misma que ya no fue atendida ni recibida por las comisiones de Justicia y de Equidad de Género. Esta última es presidida por la diputada panista Lorena Alfaro.
Angeles López, abogada que representa al Centro de Derechos Humanos “Victoria Díaz”, informó que la aprobación de esta iniciativa en Guanajuato será uno de los temas que se incluirán en una relatoría alterna que se hará llegar a la relatora Susana Villarán, a fin de que se exponga “el enorme retroceso y la anticonstitucionalidad de esta ley” ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Suman 70 los feminicidios
También se incluirán las cifras que han causado alarma en la entidad, donde sólo en el último año se estima que unas 70 mujeres murieron asesinadas, la mayoría a manos de sus propias parejas.
Recordó que México fue el país que propuso ante estas instancias los mecanismos para medir el cumplimiento de metas y acciones en materia de violencia intrafamiliar, acordados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do-Pará, en diciembre de 1998). Estos mecanismos fueron aprobados en octubre anterior, y México será el primer país evaluado.
“Mientras los diputados y el gobernador apoyan esta ley, en este momento están golpeando a un promedio de diez mujeres en este estado”, señaló Verónica Cruz, de la organización Milenio Feminista.
Pasos atrás
Guanajuato cuenta con una ley de atención a la violencia intrafamiliar aprobada en el 2000 por el Congreso estatal. Una de sus impulsoras fue la entonces diputada local Martha Lucía Micher, quien hoy califica a la ley que entrará en vigor –y que derogará a aquélla-- de “grave retroceso que dejará en estado de indefensión a las mujeres guanajuatenses víctimas de violencia”.
“La violencia es considerada como un ‘conflicto de intereses’, y se privilegia la búsqueda del acuerdo entre el agresor y el agredido, cuando esta violencia es un delito. El mismo Código Penal del estado lo señala así, y la Constitución mexicana establece la obligación de proteger los derechos de las víctimas de un delito”, señaló Micher Camarena.
La diputada formó parte de la comisión que se reunió el lunes con el gobernador, al que pretendieron convencer para que vetara la ley y permitiera incluir las propuestas y modificaciones hechas por estos grupos civiles y las propias legisladoras perredistas.
“Creímos que teníamos un aliado en el gobernador. Pero jamás me imaginé que tuviéramos visiones tan distintas. El alegó que se trata de una ley muy bondadosa. Sí, pero para los agresores, porque incluso las pocas sanciones que se prevén fueron eliminadas en la nueva ley, que es de hechura totalmente panista”.
Entre otras cosas, la nueva ley elimina todo lo relativo a la perspectiva de género, dijo Malú Micher. “Y para colmo, si el Ministerio Público conoce de un caso de violencia familiar, lo reportará a los Cenavis (centros de atención que dependen del DIF), cuando debería ser al revés”.
Julia Pérez, experta del centro Vereda Themis –organización internacional con sede en España que ofrece asesoría técnica y jurídica a mujeres víctimas de violencia--, explicó que algunos de los avances de la ley aún vigente --que quedaron eliminados en la nueva propuesta-- es el requisito para aquellas personas encargadas de la atención a las víctimas de violencia, de contar con preparación especializada, de acuerdo con un análisis que junto con otras colaboradoras efectuó a su contenido.
“Se propone la conciliación como última alternativa para los miembros de la familia. Quienes plantearon eso desconocen las causas de la violencia –de verdad creo que las ignoran--; no reconocen que una de las principales causas es la inequidad de género, la violencia de género; el poder o control de un género sobre otro”.
La experta –quien no sólo colaboró en la elaboración de la ley vigente, sino que participó también en la propuesta que le fue rechazada al PRD recientemente-- agregó que con este planteamiento “se achacará a la mujer ser la responsable de la disolución de la familia, si ella no quiere conciliar. Entonces parece que la frase “hasta que la muerte nos separe”, se quiere volver normal para que sea esta la manera de terminar con una familia”.
Así, los centros de atención o Cenavis no tienen facultades para presentar denuncias ante el MP al detectar casos. “Lo tiene que hacer la parte afectada, excepto cuando se trata de menores, y ello es por oficio. Pero sabemos perfectamente que muchas mujeres ni siquiera pueden salir de sus casas, son aisladas y reciben gran presión sicológica o económica por lo que no pueden hacer nada”.
Según la abogada, con esta ley “se pretende fomentar la cultura de la paz, cuando en realidad se pretende sancionar cada vez menos la violencia hacia las mujeres, pues en lugar de incrementar las sanciones, desaparecen las que existían”.
Para Julia Pérez, esta ley impulsada por las diputadas del PAN en la entidad mantiene una idea arcaica de la familia, “que ya ni siquiera corresponde a la realidad”, y que privilegia este modelo para imponer una ideología ultraconservadora, por encima de los derechos de cada persona.
verónica espinosa/ apro
* Feministas y legisladoras de Guanajuato emprenden campaña nacional
Guanajuato, Gto., 13 de junio (apro).- Diputadas perredistas y organizaciones civiles de apoyo a la mujer anunciaron el lanzamiento de una campaña nacional --y ante foros internacionales-- en repudio a una nueva ley de asistencia, prevención y atención de la violencia intrafamiliar, aprobada por el Congreso local y avalada por el gobernador panista Juan Carlos Romero Hicks, misma que consideran un grave retroceso en la materia, y “un afán de imponer la ideología más conservadora de la derecha”.
Además, protestaron porque en el proceso de dictamen de esta ley no se escucharon las voces de los organismos civiles –en materia de derechos humanos y de apoyo a la mujer víctima del maltrato, principalmente--. Así, las diputadas, en voz de la legisladora federal Martha Lucía Micher Camarena, repudiaron la decisión del gobernador de negarse a vetar esta ley, según le fue solicitado en una reunión efectuada la semana pasada.
La nueva ley sobre violencia intrafamiliar fue aprobada por mayoría en la Legislatura local hace un par de semanas, con el voto en contra de la fracción parlamentaria del PRD, partido que ese mismo día entregó su propia iniciativa, misma que ya no fue atendida ni recibida por las comisiones de Justicia y de Equidad de Género. Esta última es presidida por la diputada panista Lorena Alfaro.
Angeles López, abogada que representa al Centro de Derechos Humanos “Victoria Díaz”, informó que la aprobación de esta iniciativa en Guanajuato será uno de los temas que se incluirán en una relatoría alterna que se hará llegar a la relatora Susana Villarán, a fin de que se exponga “el enorme retroceso y la anticonstitucionalidad de esta ley” ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Suman 70 los feminicidios
También se incluirán las cifras que han causado alarma en la entidad, donde sólo en el último año se estima que unas 70 mujeres murieron asesinadas, la mayoría a manos de sus propias parejas.
Recordó que México fue el país que propuso ante estas instancias los mecanismos para medir el cumplimiento de metas y acciones en materia de violencia intrafamiliar, acordados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do-Pará, en diciembre de 1998). Estos mecanismos fueron aprobados en octubre anterior, y México será el primer país evaluado.
“Mientras los diputados y el gobernador apoyan esta ley, en este momento están golpeando a un promedio de diez mujeres en este estado”, señaló Verónica Cruz, de la organización Milenio Feminista.
Pasos atrás
Guanajuato cuenta con una ley de atención a la violencia intrafamiliar aprobada en el 2000 por el Congreso estatal. Una de sus impulsoras fue la entonces diputada local Martha Lucía Micher, quien hoy califica a la ley que entrará en vigor –y que derogará a aquélla-- de “grave retroceso que dejará en estado de indefensión a las mujeres guanajuatenses víctimas de violencia”.
“La violencia es considerada como un ‘conflicto de intereses’, y se privilegia la búsqueda del acuerdo entre el agresor y el agredido, cuando esta violencia es un delito. El mismo Código Penal del estado lo señala así, y la Constitución mexicana establece la obligación de proteger los derechos de las víctimas de un delito”, señaló Micher Camarena.
La diputada formó parte de la comisión que se reunió el lunes con el gobernador, al que pretendieron convencer para que vetara la ley y permitiera incluir las propuestas y modificaciones hechas por estos grupos civiles y las propias legisladoras perredistas.
“Creímos que teníamos un aliado en el gobernador. Pero jamás me imaginé que tuviéramos visiones tan distintas. El alegó que se trata de una ley muy bondadosa. Sí, pero para los agresores, porque incluso las pocas sanciones que se prevén fueron eliminadas en la nueva ley, que es de hechura totalmente panista”.
Entre otras cosas, la nueva ley elimina todo lo relativo a la perspectiva de género, dijo Malú Micher. “Y para colmo, si el Ministerio Público conoce de un caso de violencia familiar, lo reportará a los Cenavis (centros de atención que dependen del DIF), cuando debería ser al revés”.
Julia Pérez, experta del centro Vereda Themis –organización internacional con sede en España que ofrece asesoría técnica y jurídica a mujeres víctimas de violencia--, explicó que algunos de los avances de la ley aún vigente --que quedaron eliminados en la nueva propuesta-- es el requisito para aquellas personas encargadas de la atención a las víctimas de violencia, de contar con preparación especializada, de acuerdo con un análisis que junto con otras colaboradoras efectuó a su contenido.
“Se propone la conciliación como última alternativa para los miembros de la familia. Quienes plantearon eso desconocen las causas de la violencia –de verdad creo que las ignoran--; no reconocen que una de las principales causas es la inequidad de género, la violencia de género; el poder o control de un género sobre otro”.
La experta –quien no sólo colaboró en la elaboración de la ley vigente, sino que participó también en la propuesta que le fue rechazada al PRD recientemente-- agregó que con este planteamiento “se achacará a la mujer ser la responsable de la disolución de la familia, si ella no quiere conciliar. Entonces parece que la frase “hasta que la muerte nos separe”, se quiere volver normal para que sea esta la manera de terminar con una familia”.
Así, los centros de atención o Cenavis no tienen facultades para presentar denuncias ante el MP al detectar casos. “Lo tiene que hacer la parte afectada, excepto cuando se trata de menores, y ello es por oficio. Pero sabemos perfectamente que muchas mujeres ni siquiera pueden salir de sus casas, son aisladas y reciben gran presión sicológica o económica por lo que no pueden hacer nada”.
Según la abogada, con esta ley “se pretende fomentar la cultura de la paz, cuando en realidad se pretende sancionar cada vez menos la violencia hacia las mujeres, pues en lugar de incrementar las sanciones, desaparecen las que existían”.
Para Julia Pérez, esta ley impulsada por las diputadas del PAN en la entidad mantiene una idea arcaica de la familia, “que ya ni siquiera corresponde a la realidad”, y que privilegia este modelo para imponer una ideología ultraconservadora, por encima de los derechos de cada persona.