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View Full Version : REVISANDO A FRIEDMAN



Mazdak
27-12-06, 01:15 AM
26-Diciembre-06


A mediados de noviembre, con motivo de la muerte del economista Milton Friedman, analistas económicos en Canadá y Estados Unidos revisaron críticamente el pensamiento del fundador de la “Escuela de Chicago” y ex consejero económico del presidente estadunidense Ronald Reagan, de Margaret Thatcher en el Reino Unido y del recién fallecido dictador Augusto Pinochet en Chile, entre otros gobiernos. Friedman acuñó la política monetarista, el libre comercio, la “teología económica” según la cual los gobiernos “no deben ser un agente efectivo del progreso social” –léase como achicamiento del gasto público para educación, salud y seguro social– y demás recetas transferidas a Latinoamérica mediante el llamado Consenso de Washington que a partir de los años ochenta fue la doctrina oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y su agencia regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los resultados concretos en educación, salud, desarrollo social y crecimiento económico entre los países latinoamericanos que siguieron esas recetas del FMI y el BM, y los asiáticos que las ignoraron y mantuvieron sus políticas de desarrollo, como por ejemplo Corea del Sur, son opuestos, y el resultado es aún mas convincente si se recuerda que a comienzos de 1980 los surcoreanos estaban por debajo de los índices sociales y de creación de riqueza de México y otros países de la región.

Sin dejar de pertenecer a la economía de mercado y aprovechándose de ella, en el ultimo cuarto de siglo Corea del Sur aumentó en más del doble el ingreso per cápita con relación al producto interno bruto (PIB) y elevó todos sus índices sociales a estándares comparables a los países industrializados. China, país con una economía que estaba “fuera del sistema” del FMI y el BM y arrastraba un fuerte atraso y pobreza, es hoy día la economía más dinámica del mundo. Y hay otros exitosos ejemplos en Asia.

En realidad la aplicación de las políticas del FMI, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), provocó una baja de la inversión productiva en el sector público –infraestructura, educación, salud y seguridad social– entre 1980 y 2002 en siete de doce países latinoamericanos, y como decía la analista Babette Stern del diario Le Monde, favorecieron la política de exportación de recursos naturales y confinaron los Estados a vivir de la renta de esas exportaciones y de las remesas de sus emigrados, anulando así la inversión para el desarrollo económico, la creación de la demanda interna y la lucha contra el desempleo y la pobreza. El “Consenso de Washington” es hoy una receta públicamente abandonada por el FMI, que por haberla aplicado rigurosamente durante dos décadas paga una fuerte hipoteca de descrédito.

Un creciente número de países, desde Argentina y Brasil hasta Rusia, cancelaron sus deudas y créditos con el FMI y al hacerlo le han cortado los víveres de su funcionamiento interno; mientras que otros, como Canadá y Reino Unido, que no olvidan la nefasta intervención del FMI en la crisis asiática de 1997, quieren cambios profundos en la misión de esa desacreditada institución financiera internacional. Ken Frankel, director de la Fundación Canadiense para las Americas (FOCAL), un organismo que sigue la política oficial de Ottawa, analizó en diciembre los cambios políticos recientes en América Latina a la luz del “incuestionable y justificado descontento generalizado por la persistencia de una pobreza masiva y la mayor brecha mundial entre los poseedores y los desposeídos”.

Gran parte de este descontento, reconoce Frankel, enfoca los decepcionantes resultados en la mayoría de países de los principios económicos neoliberales aplicados desde mediados de 1980, que fueron vistos como una herramienta de Estados Unidos y el Primer Mundo, del gran capital, en contubernio con el BM, el FMI y las elites latinoamericanas. Esta crítica es similar a la que hizo hace algunos años el economista Joseph Stiglitz al renunciar a su puesto de economista jefe del BM. Para Frankel, de FOCAL, los cambios políticos latinoamericanos no deben ser vistos como giros a la izquierda o hacia la derecha, sino como el retorno a las conocidas políticas de desarrollo que promueven el aumento de la inversión y la productividad, la inversión pública en la educación, salud e infraestructura sanitaria “que son críticas para el desarrollo”, y en el contexto de un consenso entre los líderes políticos de la región de que cada país tiene sus distinciones económicas, sociales, culturales y políticas que no hace viable aplicar un solo modelo, como durante décadas recomendó el FMI.

La critica póstuma a la obra de Friedman, como la que hizo el analista canadiense David Olive en el periódico Toronto Star, resume bien las contradicciones del pensamiento económico del “patrón ideológico” de gobiernos, instituciones internacionales y de centros de reflexión conservadores–, cuyas recomendaciones llevaron a aumentos del gasto estatal para la defensa y aventuras militares, para la vigilancia interior y la construcción de cárceles, aumentar los subsidios a la agricultura y bajar los impuestos de los ricos, pero no para los programas sociales.

La revisión de la misión del FMI emprendida bajo las presiones de varios países pretende que éste se convierta en un “mecanismo de vigilancia multilateral” de los problemas financieros internacionales, y poder así aconsejar mejor a los países miembros sobre el manejo de sus finanzas evitando los “desequilibrios” fiscales. Esto, a cambio de retirarse de su papel de “prestamista de última instancia” y adoptar el de “proveedor de liquidez temporal” a fin de ayudar a mantener la estabilidad.

Para el gobernador del Banco de Canadá, David Dodge, el FMI carece de “crédito” político y de recursos financieros en un mundo en el que los bancos centrales no pueden competir con los recursos financieros que manejan diariamente y al nivel mundial los fondos de inversiones de riesgo y de pensiones, controlados por ambiciosos jóvenes al servicio de un limitadísimo circulo de decidores y capitalistas interesados en el lucro. Esta burbuja financiera mundial es la consecuencia práctica y la última herencia de la “teología económica”, como la define Olive, de Milton Friedman.

Rocco Marotta •Toronto

http://milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=467202&sec=4

Cocoyoc
27-12-06, 01:49 AM
Magnífico aporte, pero no lo van a entender, nomás espérate a los rebuznos que ya empiezan a gorgorear en las gargantas.

Lagos
27-12-06, 10:12 PM
Orale siriacoc!...
~~~~~~~~~~~~>

Jarocho_Malo
28-12-06, 01:58 PM
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Libertad económica y crecimiento: El caso de Irlanda
por Benjamin Powell

....Un cambio radical de políticas era necesario debido a la crisis fiscal por la que atravesaba Irlanda. El recientemente electo primer ministro, Charles Haughey, no había seguido una política de gobierno limitado durante su periodo anterior como gobernante (1979-82). De hecho, sus políticas derrochadoras jugaron una parte importante en la creación de la crisis (The Economist 1988). Antes de las reformas de 1987, Haughey y el nuevo gobierno de Fianna Fail habían hecho su campaña basándose en una plataforma populista en contra de recortes al gasto público. Fue la urgencia de la crisis fiscal, no un cambio ideológico, lo que causó el cambio de políticas en Irlanda. Como indica Lane (2000: 317), "El programa de ajustes fiscales tuvo una base amplia y no ideológica. Más bien hubo un amplio consenso en que la única opción era una acción drástica, que la alternativa era una crisis de deuda a gran escala que requiriera intervención externa del FMI o Estados Unidos". El mismo Haughey dijo, "Las políticas que hemos adoptado son dictadas enteramente por las realidades económicas y fiscales, deseo indicar categóricamente que ellas no se toman por ningún motivo ideológico o político" sino porque son "dictadas por la pura necesidad de supervivencia económica" (Jacobsen 1994: 177). Incluso el principal partido de la oposición patrocinó las reformas de Haughey (Lane 2000).

Considerando que Irlanda era un miembro del Sistema Monetario Europeo (SME) y había disminuido exitosamente su tasa de inflación del 19.6 por ciento en 1981 al 4.6 por ciento en 1986, monetizar la deuda a través de la inflación no era una opción viable (Lane 2000). El aumento de los impuestos ya había fracasado en resolver la crisis a principios de los ochenta. Sin poder aumentar los impuestos ni la tasa de inflación, la única opción que se le presentaba a Irlanda para resolver su crisis fiscal era reducir los gastos gubernamentales.

Con el propósito de controlar el presupuesto de Irlanda, se recortaron los gastos en salud en un 6 por ciento, educación 7 por ciento, el gasto en agricultura se redujo en un 18 por ciento, transporte y vivienda se rebajó en un 11 por ciento y el presupuesto militar se recortó 7 por ciento. Se eliminó la oficina ambientalista Foras Forbatha así como también se eliminaron el Consejo Nacional de Servicios Sociales, la oficina de Educación Sanitaria y la Organización de Desarrollo Regional. Mediante la jubilación temprana y otros incentivos el empleo en el sector público se redujo en forma voluntaria en cerca de 10.000 puestos de trabajo (Jacobsen 1994: 177-78).

Luego de recortar los gastos del gobierno en 1987, se preparó el presupuesto para 1988 que contenía los recortes de gastos más grandes que había visto Irlanda en 30 años. El gasto corriente se redujo en un 3 por ciento y los gastos de capital se recortaron en un 16 por ciento (The Economist 1988: 9). Las reducciones en los gastos del gobierno sacaron a Irlanda de su crisis fiscal. El déficit primario se eliminó en 1987, y la relación deuda/PIB empezó a disminuir marcadamente de su punto más alto en 1986. A finales de 1990, la deuda pública era menos del 100 por ciento del PIB (Honohan 1999: 81).

Aunque las reducciones en el gasto del gobierno se hicieron con el propósito de resolver la crisis fiscal y no como un intento por alcanzar un Estado económicamente más liberal, luego de unos pocos años estas medidas tuvieron el efecto de reducir el tamaño del papel del gobierno en la economía. Los gastos gubernamentales, excluyendo los pagos de intereses, declinaron de un elevado 55 por ciento del PNB en 1985, a cerca del 41 por ciento del PNB para 1990 (Honohan 1999: 80).

Con el tamaño del gobierno en la economía reducido, el clima macroeconómico estabilizado, y las políticas de libre comercio que habían existido por décadas, la economía de Irlanda empezó a crecer a una tasa del 4 por ciento para 1989 (Jacobsen 1994: 181). Ese nivel de crecimiento era impresionante comparado con el 1.9 por ciento de crecimiento entre 1973 y 1986 cuando el gobierno había implementado políticas fiscales activistas. Sin embargo, esta tasa de crecimiento del 4 por ciento no se compara al crecimiento logrado a finales de los años noventa. El gobierno hizo cambios de políticas adicionales durante el período 1990-95 que condujo al país a tasas de crecimiento más altas.

Una vez que Irlanda resolvió sus problemas fiscales, existía la posibilidad de que iniciara nuevamente su imparable política fiscal expansionista. La firma del Tratado de Maastricht en 1992 ayudó a que pareciera más creíble y permanente el compromiso de Irlanda de seguir políticas fiscales sanas. El tratado le exigía a sus miembros mantener déficit fiscales menores que el 3 por ciento del PIB, y fijar una meta del 60 por ciento en la relación deuda/PIB al inicio de la Unión Económica y Monetaria en 1999. Estas provisiones limitaron la capacidad de Irlanda de emitir deuda para expandir el gasto del gobierno.

La inflación es otra opción para financiar una expansión del gasto público. Irlanda ha sido miembro del SME desde sus inicios en marzo de 1979. Hay una tasa de cambio fijo entre la moneda irlandesa y la de otros miembros del Sistema Monetario Europeo, limitando la posibilidad de seguir una política monetaria expansionista e inflacionaria. Con la excepción de un brote temprano de inflación alta en 1984, la tasa anual de cambio del IPC (Índice de Precios al Consumidor) en Irlanda fue menor del 5 por ciento en casi todos los años, menos dos, hasta 1995, y la inflación promedio fue del 1.9 por ciento desde 1995 hasta 1999.

Con compromisos que limitaban su capacidad para financiar el aumento del gasto a través de inflación o emisión de deuda, la única otra opción disponible era aumentar los impuestos. Tradicionalmente había sido más difícil aumentar los gastos del gobierno mediante impuestos porque es un peso más obvio para los votantes. Esta realidad ha ayudado a los inversionistas a sentirse seguros de que el gobierno no incurrirá en aumentos dramáticos del gasto.

En Irlanda se aplicaban altos niveles impositivos antes de que se impusieran límites a las políticas monetarias o de endeudamiento. Irlanda tenía tasas máximas marginales altas tales como de un 80 por ciento en 1975 y un 65 por ciento en 1985. Durante los noventa, las tasas impositivas personales y corporativas disminuyeron dramáticamente, y las tasas arancelarias continuaron decayendo. En 1989 el impuesto a la renta estándar bajó de un 35 por ciento a un 32 por ciento, y la tasa máxima marginal disminuyó del 58 por ciento al 56 por ciento (Jacobsen 1994: 182). La tasa estándar bajó al 24 por ciento y la máxima bajó al 46 por ciento en el año 2000. Estas tasas se redujeron para el 2001 al 22 por ciento y al 44 por ciento, respectivamente (EIU 2000: 28).[1] Aunque Irlanda había tenido relativamente libre comercio por un largo tiempo, el arancel promedio continuó disminuyendo de un 7.5 por ciento en 1985 hasta un 6.9 por ciento en 1999.

La tasa del impuesto estándar para las corporaciones cayó de un 40 por ciento en 1996 al 24 por ciento para el 2000 (EIU 2000: 29). Existe también un impuesto especial del 10 por ciento a las corporaciones para las empresas manufactureras y empresas relacionadas con servicios de comercio internacional, o localizadas en el Centro Internacional de Servicios Financieros de Dublín o en la zona libre de Shannon (EIU 2000: 29). La Comisión Europea presionó a Irlanda para que eliminara este impuesto corporativo especial del 10 por ciento. En un acuerdo con la Comisión Europea, Irlanda se comprometió a elevar la tasa especial del 10 por ciento, pero al mismo tiempo a bajar la tasa del impuesto estándar. En el 2003 la tasa estándar bajó al 12.5 por ciento, y las empresas nuevas no pagan la tasa del 10 por ciento. Algunas firmas, que actualmente son elegibles, mantendrán la tasa de 10 por ciento hasta el 2005 ó 2010. En general, este cambio debe beneficiar la economía de Irlanda porque casi reduce por la mitad la tasa del impuesto estándar corporativo y elimina el prejuicio hacia ciertas industrias y áreas que había creado la tasa especial del 10 por ciento.

Debido a las varias reducciones en las tasas de impuestos y el crecimiento de la economía, Irlanda disfruta ahora de una tasa impositiva más baja que ningún otro país europeo, con la excepción de Luxemburgo. El total de los ingresos por concepto de impuestos de Irlanda en 1999 (incluyendo ingresos por seguridad social) fue del 31 por ciento del PIB, mucho más bajo que el promedio del 46 por ciento de la Unión Europea (EIU 2000: 28).

Durante el período comprendido entre 1987 y el 2000, Irlanda alcanzó y sobrepasó los niveles de vida del resto de Europa. Hubo un fuerte crecimiento a principios de los noventa y un marcado crecimiento de "tigre" a finales de esa década cuando el crecimiento del PIB promedió más del 9 por ciento desde 1996 hasta el 2000. Las políticas que se tomaron durante ese período no fueron la única causa del crecimiento que tuvo lugar. Más bien, se les puede ver como la última pieza que faltaba y que, cuando finalmente se le puso en su lugar, permitió que se fortaleciera la causa más amplia del crecimiento económico....

http://www.elcato.org/node/1257